SOS Mar Menor critica que la Ley no servirá para proteger la laguna y pide ampliar la franja litoral a dos kilómetros

SOS Mar Menor critica que la Ley no servirá para proteger la laguna y pide ampliar la franja litoral a dos kilómetros

Europa Press

Tiempo de lectura: 4'Actualizado 14:40

Sostiene que el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor "debe excluir nuevos desarrollos urbanísticos

La Plataforma SOS Mar Menor ha lamentado que la Ley de Protección Integral del Mar Menor supone "un paso atrás" en "muchos aspectos" y, por ejemplo, lamenta que el 75% de sus contenidos ya están regulados en otras leyes o planes, de forma que el nuevo texto "no servirá para proteger la laguna salada".

Se trata de una de las principales conclusiones del informe elaborado por Ecologistas en Acción y suscrito por las organizaciones integrantes de la Plataforma, en el que se lleva a cabo una pormenorizada valoración del Decreto-Ley Nº 2/2019 de Protección Integral del Mar Menor aprobado por el Gobierno regional el pasado 26 de diciembre de 2019.

Cabe recordar que la Plataforma SOS Mar Menor está formada por Ecologistas en Acción, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (FAVCAC), Greenpeace, la Plataforma Pacto por el Mar Menor, la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar y la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE).

Como conclusión general, el informe considera que este Decreto-Ley "no servirá para proteger el Mar Menor, ya que no sólo no es lo ambicioso, proteccionista e integral que debería, sino que en muchos casos supone dar pasos atrás", según informaron fuentes de la Plataforma en un comunicado.

Según SOS Mar Menor, "ha primando más su aprobación en 2019 que el elaborar una ley eficaz de protección del Mar Menor". Por ello, critica que "se ha optado por una elaboración y tramitación apresuradas y opacas, sin participación pública real, sin contar con las aportaciones de los científicos, ni de la sociedad civil, ni con informes preceptivos".

"Parece que, además de justificar una aparente preocupación y diligencia por proteger la laguna salada, el verdadero objetivo que persigue esta Ley es la derogación de la Ley de Medidas Urgentes del Mar Menor, y retroceder la normativa ya existente, sobre todo en materia agrícola", tal y como ha manifestado la Plataforma.

El resultado, en su opinión, es que "sólo 10 de los 85 artículos de esta Ley se corresponden con ciertos avances menores, cuya incidencia real será bastante limitada". En comparación, advierte que hay 62 artículos "cuyas determinaciones son genéricas o ya recogidas en las normativas e instrumentos de planificación existentes".

Y sobre todo, a SOS Mar Menor le preocupan "los 13 artículos en los que se dan pasos atrás, para contentar especialmente a la agroindustria, aunque también al urbanismo".

A este respecto, lamenta que las medidas se centran en "rebajar las propuestas más ambiciosas de la Ley de Medidas Urgentes en cuanto a regulación de las actividades agrarias en la cuenca del Mar Menor, cuando está claro que el sector agrícola es la principal fuente de nutrientes y por tanto el principal responsable del actual estado de degradación del ecosistema".

Además, critica que esta Ley "tampoco cambia nada sustancial en cuanto a la regulación territorial y urbanística, en todo caso se reduce la eficacia y duración de la moratoria, así como las restricciones a medio y largo plazo".

Desde SOS Mar Menor consideran que esta Ley es "insuficiente y representa una importante pérdida de oportunidad de avanzar en cuestiones como la gestión natural y ambiental, la regulación de las infraestructuras portuarias y de la navegación, y de la ordenación pesquera, turística, cultural y minera".

En cuanto a transparencia y participación, creen que el nuevo texto legal "sigue la fórmula que vienen aplicando los sucesivos Gobiernos del Partido Popular desde hace más de dos décadas: opacidad y escasa o nula participación".

Como colofón, reprocha "la ausencia absoluta de un apartado relativo a los aspectos económicos y financieros, no existiendo ni siquiera una memoria económica de la misma, ofrece una idea muy clara del compromiso real de este Gobierno de cara a su aplicación futura".

En definitiva, en base al análisis contenido en el documento, cabe cuestionar el título de esta Ley que "ni es de protección del Mar Menor, dado los escasos y marginales avances frente a los importantes retrocesos en comparación con la Ley de Medidas Urgentes, que esta Ley deroga".

PROPUESTAS AMBIENTALES

Entre otras medidas, la primera propuesta de SOS Mar Menor consiste en anular la derogación de la Ley de Medidas Urgentes del Mar Menor y cree que la Ley Integral "debería remitirse, en lo relativo a las actividades agrarias, a dicha Ley de Medidas Urgentes".

Asimismo, cree que debe incorporarse al registro de explotaciones agrarias una auditoría ambiental de todas las superficies regadas actualmente e información de las regadas en los últimos 25 años (1995-2020), donde se detalle todas las características ambientales de interés.

Asimismo, pide la restauración del estado original (secano o vegetación natural) de las superficies eliminadas de regadío, así como la creación de una banda perimetral de protección del Mar Menor, "con una anchura media de al menos dos kilómetros, con eliminación de todas las superficies de regadío, de las instalaciones intensivas ganaderas y de las instalaciones de almacenamiento y manipulación de deyecciones ganaderas".

Así, añade, las superficies actualmente ocupadas por regadío y otras actividades agrarias intensivas "han de destinarse a la recuperación de superficies de humedal natural, la creación de bandas y manchas de vegetación natural y otras infraestructuras verdes, el establecimiento de corredores ecológicos y la recuperación de los paisajes tradicionales de secano".

En los regadíos situados en el resto de la cuenca, SOS Mar Menor defiende que "hay que establecer valores de obligado cumplimiento y más exigentes respecto a la normativa actual, en relación con la aportación de fertilizantes y de pesticidas".

PROPUESTAS URBANÍSTICAS

En materia urbanística, la Plataforma cree que el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor "debe incluir como ámbito la propia cuenca vertiente, lo que supone algo más de 120.000 hectáreas, sin limitarse a la denominada en este Plan como zona 1, que representa en torno al 10% de la superficie total de la cuenca (unas 13.000 hectáreas, con una media de 3 km respecto a la ribera, excluyendo La Manga).

Asimismo, sostiene que el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor "debe excluir nuevos desarrollos urbanísticos en el conjunto de la cuenca (nuevas urbanizaciones), así como proceder a la des-calificación de los suelos urbanos y urbanizables ya existentes pero no construidos (lo que se denomina reciclaje de suelo)".

Todo ello, "hasta el límite que la normativa vigente permita sin derechos de indemnización (indemnización que tan sólo corresponde en fases muy avanzadas del proyecto de urbanización)".

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