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REFORMA UNIVERSITARIA

Sociólogo César Rendueles denuncia que hay profesores que viven con 400 euros

El sociólogo y filósofo César Rendueles, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha denunciado este miércoles que tiene compañeros de Universidad que cobran 400 euros al mes y viven por debajo del umbral de la pobreza.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 18:16

El sociólogo y filósofo César Rendueles, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha denunciado este miércoles que tiene compañeros de Universidad que cobran 400 euros al mes y viven por debajo del umbral de la pobreza.

Durante su intervención en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso, invitado para dar su punto de vista sobre la actual reforma universitaria, Rendueles ha denunciado la precariedad de las plantillas y el uso fraudulento de la figura del profesor asociado (personas cuyo trabajo principal está fuera de la Universidad y comparten su experiencia en las aulas).

Según Rendueles, uno de los integrantes del equipo director de Sumar, la marca electoral de la vicepresidenta Yolanda Díaz, la mayoría de los asociados son "obra de mano barata por la sencilla razón de que las universidades no pagan su Seguridad Social, lo hace la empresa donde desempeña su actividad laboral principal".

De esta manera, la Universidad dispone de un docente por "600 euros limpios que imparte dos tercios de las clases de un profesor contratado, pero lo más grave es que muchos de ellos son falsos asociados y no tienen realmente otro trabajo sino que se pagan ellos mismos la Seguridad Social para poder dar clases".

Esto significa -ha añadido- que "hay gente trabajando en la universidad pública que vive por debajo del umbral de la pobreza", con 400 euros al mes.

Un segundo problema coyuntural, ha continuado el sociólogo, es el "crecimiento descontrolado de centros educativos privados que nominalmente son universidades pero que no tienen prácticamente ninguno de los rasgos característicos de un centro universitario".

Aunque ha matizado que no es el caso de todas las universidades privadas y las hay con una larga tradición académica que cumplen con los estándares, también hay una "cantidad absolutamente alarmante de centros de nueva creación que recuerdan muchísimo a las academias profesionales; es una espita que debemos cerrar cuanto antes".

Un tercer problema coyuntural que la futura ley universitaria aborda "marginalmente", ha dicho, es el de "la irracionalidad burocrática creciente", que incluso provoca que haya investigadores de prestigio que han dejado de concurrir a convocatorias de proyectos.

En este sentido ha expuesto un ejemplo real de un catedrático y director de un grupo de investigación de una gran universidad española que para conseguir un billete de ida y vuelta de Madrid a León "intercambió 26 correos electrónicos", cinco llamadas de teléfono y rellenó tres formularios, lo que le supuso unas 6 horas de trabajo durante más de una semana y que "superan el coste" de los 70 euros del billete.

"Paradójicamente, ha sostenido, el origen de esa irracionalidad administrativa es un déficit de burocracia", debido a que los recortes presupuestarios han generado "una especie de vaciamiento administrativo que las universidades han intentado paliar trasladando el peso de los procesos de justificación y supervisión y rendición de cuentas a los propios investigadores".

En cuanto a los problemas estructurales, el investigador del CSIC ha apuntado a la "creciente desigualdad" en la universidad, lo que "no tiene absolutamente nada de sorprendente porque lo es en el conjunto de la sociedad española".

Dicha desigualdad afecta tanto a los estudiantes, ya que "los de clase alta siguen estando muy sobrerrepresentados en la universidad, son nada menos que el 55 %, frente al 34 % de los de clase media y el 10,6 % de los de clase baja", como a los docentes e investigadores, en alusión a su inestabilidad laboral.

"Muchas personas -ha subrayado- pasan años como profesores precarios con la esperanza de que en algún momento, normalmente los 44 o 45 años, accedan a un puesto estable", para lo cual necesitan "un buen colchón económico familiar; si no, es imposible".

Esto último supone "un despilfarro de talento descomunal, no solo por la gente que se queda en el camino sin tener la oportunidad de demostrar su valía, sino porque muchos de ellos dedican los mejores años de su vida investigadora" a la obtención de una plaza.

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