Adelante pide una comisión de investigación, PP la ve un "circo" y Vox la considera "irresponsable", mientras Cs pide "prudencia"

El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el socialista Juan Espadas, ha defendido este viernes su gestión ante la alerta sanitaria puesta en marcha en agosto sobre varios productos de la marca 'La Mechá', fabricada por Magrudis, a la par que ha planteado llevar a cabo la mejora del intercambio de información entre servicios, como el de Consumo y el de Protección Ambiental, aunque recuerda que no existe obligación legal de que se compartan esos datos.

El socialista Antonio Muñoz ha respondido de este modo en la Comisión Especial de Control y Fiscalización del Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla tras la batería de preguntas realizada por el 'popular' Juan de la Rosa sobre esta crisis sanitaria que hasta este pasado jueves contabilizaba un total de 214 afectados en Andalucía, así como tres muertes y siete abortos, seis de ellos en la comunidad andaluza.

En este marco, Muñoz ha defendido que el Ayuntamiento ha venido informando "con absoluta transparencia" a la Junta y a los grupos de la oposición y recuerda que "no existe ninguna obligación en este momento de compartir información de Consumo con otras dependencias como Protección Ambiental, tras ser cuestionado por este asunto. Sin embargo, considera que "efectivamente cabe mejorar la información que se pueda compartir" tanto entre áreas municipales como por parte de la Consejería de Salud con su registro o la de Agricultura.

Tras indicar que se han llevado dos inspecciones al sistema de autocontrol de Magrudis --los días 24 diciembre de 2016 y 18 de julio de 2017--, detalla que la planificación anual de inspecciones del servicio de Consumo se basa en criterios técnicos como el nivel de riesgo, nuevos establecimientos y denuncias existentes, pero "sin intromisión política". "Ese plan es interno y no se aprueba en ningún órgano político", sentencia.

En cuanto a las obras realizadas por Magrudis sin autorización de Urbanismo, explica que eran menores, por valor de 42.000 euros, y que "podrían ser legalizables", para lo que ya se le ha remitido el preceptivo documento "con la obligación de legalizar esas obras y con las tasas correspondientes". Entre esas actuaciones, hay el desarrollo de espacios de comunicación entre las dos naves, una puerta trasera para la comunicación con la calle de servicio y obras parciales de paneles.

"El Ayuntamiento y sus funcionarios vienen actuando con diligencia, rigor, profesionalidad y lealtad institucional al servicio de la gestión de la dirección de la crisis que hace la Junta como órgano competente", concluye, advirtiendo de que, desde el servicio de inspección técnica de Consumo, "el control oficial que se hace es solo desde el punto de vista sanitario, por lo que no cabe otra exigencia respecto a autorización o disciplina, lo que no implica que de cara al futuro se puedan hacer controles adicionales sobre las autorizaciones para la actividad".

UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, "NO CAZA DE BRUJAS"

Durante la Comisión Especial de Control y Fiscalización, se han abordado mociones de los grupos municipales, que serán votadas por el Pleno el próximo jueves, como la presentada por Adelante Sevilla relativa a la creación de una comisión de investigación sobre el asunto.

Su portavoz, Susana Serrano, ha considerado "absolutamente necesario" tomar medidas para estar a la altura en un asunto tan grave". Así, plantea "analizar la cadena de errores" producidos, ya que considera que se han producido "fallos en los protocolos", y apuesta por desarrollar propuestas tras tener toda la información sobre el asunto que permitan mejorar el funcionamiento de los servicios del Ayuntamiento. "No es una caza de brujas", sentencia.

Sin embargo, aunque De la Rosa entiende que ha existido un "problema de base de gestión" por parte del Ayuntamiento, considera que Adelante con esta moción "está pidiendo permiso para abrir un circo cuando lo que hay es que centrarse en conseguir soluciones y en eso está el PP".

"FALTA DE MEDIOS Y FALLOS EVITABLES"

En este sentido, afirma que una comisión de investigación "plantea el riesgo de paralizar el servicio afectado". Pese a ello, cree que con Magrudis "el fraude ha prosperado por falta de medios del Ayuntamiento" y deja claro que "han existido fallos evitables de coordinación entre los servicios de Consumo y de Licencias".

De su lado, el portavoz de Cs, Álvaro Pimentel, ha pedido prudencia a la hora de tratar un asunto de este calado. Tras defender el trabajo de la Consejería de Salud al respecto, ha traslado "su confianza en la generalidad de la empresas del sector" y ha lamentado que se lleve a cabo un "triste espectáculo" al comprobar que "se sigue usando una situación así en una lucha partidista".

Por último, la portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha afirmado que es "del todo imprudente, irresponsable y precipitada" esta propuesta de comisión de investigación ante "una alerta aún pendiente y mientras la Justicia está trabajando". Insta a no intentar "sacar rédito político" de este asunto y "dejar trabajar".

De otro lado, el resto de mociones abordadas en esta comisión, donde han sido dictaminadas, han abordado asuntos como la mejora de la cobertura de los Bomberos para desarrollar su actividad, a instancias de PP; el apoyo a la candidatura de Andalucía como Región Europea del Deporte 2021, de Cs, o la propuesta de Vox para aumentar el número de bonificaciones fiscales de las familias numerosas.