Belén Escudero.

El acceso a la atención sanitaria de los inmigrantes irregulares no ha podido concretarse en una ley por el Parlamento al quedar paralizada su tramitación por el adelanto electoral, aunque la sanidad universal está garantizada con un real decreto del Gobierno que estaba llamado a ser transitorio.

El Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, que derogó en parte la reforma sanitaria del PP, está en vigor ya que el 6 de septiembre el pleno del Congreso de los Diputados aprobó su convalidación.

Ese real decreto iba a ser sustituido por una ley, ya que ese mismo día la Cámara Baja acordó que la norma fuera también tramitada como proyecto de ley, pero no dio tiempo a su aprobación al finalizar la legislatura.

En el desarrollo de la norma se pretendía concretar cómo debían actuar de forma homogénea las consejerías de Sanidad porque actualmente, con el real decreto, cada comunidad autónoma fija el procedimiento para la solicitud y expedición del documento certificativo que acredita a las personas extranjeras para poder recibir la prestación.

Esta "falta de concreción", según han denunciado algunas ONG, da lugar interpretaciones y está provocando que algunos inmigrantes no sean atendidos.

El pasado 31 de julio, cuando se cumplía un año de la aprobación del real decreto, varias oenegés aseguraban tener constancia de al menos 1.358 casos de exclusión sanitaria, entre ellos 55 mujeres embarazadas, 116 menores de edad, 44 solicitantes de asilo, 85 facturaciones de urgencias, 35 personas reagrupadas y 626 inmigrantes:

Estas personas, según las ONG, "no han podido ver reconocido su derecho a la sanidad por las barreras administrativas existentes" y que se podrían evitar, en su opinión, si se hubiera aprobado un reglamento que desarrollara la norma.

Pero la intención del Gobierno, según el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, es que cuando se forme un Ejecutivo socialista "se perfeccione lo que se pueda detectar como insuficiencias" en un real decreto que desliga la atención a la condición de asegurado y la vincula al concepto de ciudadanía.

De momento, para homogeneizar el procedimiento, Sanidad remitió a las comunidades autónomas el pasado mes de junio unas recomendaciones consensuadas con los miembros la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación (CPAF) del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS).

En ellas se establecen tres requisitos para la asistencia sanitaria universal a este colectivo: no tener la obligación de acreditar la cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía -en virtud de los dispuesto en el derecho de la UE, los convenios bilaterales y la demás normativa aplicable-, no poder exportar el derecho de cobertura desde su país de origen o procedencia y no existir un "tercero" obligado al pago.

Se consideran terceros obligados al pago tanto las entidades de carácter público como las privadas que han suscrito a la persona en cuestión un seguro de enfermedad de carácter obligatorio, vigente y válido en España.

Esta circunstancia ha permitido, según la ministra María Luisa Carcedo, que alrededor de 350.000 extranjeros sin residencia oficial en España se hayan incorporado al sistema sanitario en el último año.

No obstante, el real decreto no deroga toda la reforma sanitaria del PP, como los nuevos copagos farmacéuticos que introdujeron los populares en función de la renta.

Su derogación se ha quedado "en el tintero", ya que el Gobierno contemplaba eliminar ciertos copagos en los presupuestos generales del Estado que no llegaron a aprobarse.

Si los socialistas consiguen formar Gobierno, María Luisa Carcedo confía en poder aprobar en la próxima legislatura el decreto que los suprima.