Ana Rodrigo y Belén Escudero

Diez días después de llegar a La Moncloa, Pedro Sánchez sorprendió con el ofrecimiento de acoger al buque Aquarius, que deambulaba por el Mediterráneo con 629 inmigrantes. Fue el primer capítulo de una política migratoria "más humanitaria", con categoría de Estado y trasladada a la UE en busca de alianzas.

Desde junio, el nuevo Gobierno socialista marcó el camino de una política migratoria de "seguridad, solidaridad y defensa de los derechos humanos" que ha ido adaptando ante el aumento de migrantes que han alcanzado las costas españolas o que han sido rescatados en el Mediterráneo. A finales de año, se habrán triplicado.

Al barco humanitario Aquarius -600 de sus ocupantes tramitaron su asilo en España tras aplicarse un estatus especial por "situación de excepcionalidad"-, le han seguido otras llegadas, como la del buque de la ONG Open Arms con otros cientos de migrantes rescatados en el Mediterráneo central.

A esos migrantes del Open Arms se les aplicó el protocolo normal de acogida para personas que entran de manera irregular, como a los que ha rescatado sin descanso Salvamento Marítimo este año.

El último capítulo de rescates lo ha protagonizado el pesquero "Nuestra Madre de Loreto" de Santa Pola (Alicante) que salvó la vida a 12 migrantes frente a las costas de Libia y que vendrán a España.

Paradójicamente, esa labor humanitaria prestada por la sociedad civil ha estado llena de obstáculos que han ido en aumento a lo largo de 2018, provocando que organizaciones como Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterranée anunciaran hace unas semanas que se veían obligadas a terminar las operaciones de búsqueda y rescate que realizaban con el Aquarius.

Tres bomberos sevillanos de la ONG Proem-Aid se enfrentaron en Grecia a un juicio por tentativa de tráfico de personas por haber rescatado migrantes en el mar (quedaron absueltos). No han sido los únicos: también ha tenido que defenderse en los tribunales la activista Helena Maleno en Marruecos, mientras que a la ONG Proactiva Open Arms Italia le retuvo durante semanas su barco.

España se ha convertido en el principal país receptor de migración en el Mediterráneo. La llegada de inmigrantes en pateras casi se triplica en lo que va de año: 52.795 frente a los 19.924 del mismo periodo del 2017. Más de la mitad de los migrantes que llegaron a la UE en noviembre tuvieron como destino España, indica Frontex.

Para poder realizar la acogida, el Gobierno ha puesto en marcha un plan de choque y emergencia, dotado con 30 millones de euros, para la atención a pie de playa, la ayuda humanitaria que prestan Cruz Roja y otras ONG y aumentar las plazas de los centros de migrantes mientras se realizan las labores de identificación.

Ese saldo migratorio deja el trágico balance de más de 400 inmigrantes muertos este año cuando intentaban llegar por la ruta occidental del Mediterráneo a nuestras costas, frente a los 224 que, según la Organización Internacional para las Migraciones (IOM), perdieron la vida el año pasado.

Uno de los sucesos más trágicos ocurrió a mediados de junio, cuando al menos 39 inmigrantes desaparecieron en el mar, según los testimonios de cuatro supervivientes rescatados en aguas de Alborán, pero hubo más días, como el pasado 5 de noviembre, en el que perdieron la vida otras treinta al naufragar varias pateras.

La presión migratoria sobre las fronteras de Ceuta y Melilla ha provocado momentos de tensión con las Fuerzas de Seguridad, como el salto masivo de la valla del 26 de julio, en el que 602 inmigrantes consiguieron entrar en Ceuta, tras un enfrentamiento con la Guardia Civil, en el que usaron contra los agentes cal viva, palos, cizallas, esprays e incluso cócteles molotov.

La política migratoria del Gobierno ha generado confrontación en el Parlamento incluso por parte los socios, que le han acusado de dar un "giro radical" tras el anuncio de quitar las concertinas y por mantener las "devoluciones sumarias". Desde la oposición, critican al Ejecutivo por dar "bandazos" (Ciudadanos) y por practicar el "buenismo y la demagogia" (PP).

Muchos de los migrantes rescatados son menores no acompañados, cuya acogida se ha convertido en un campo de batalla entre comunidades autónomas.

Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2018 había casi 12.000 menores extranjeros no acompañados en España, la mayoría en Andalucía (5.621), Cataluña (1.074) y Melilla (1.090), según los últimos datos del Ministerio del Interior.

Para intentar equilibrar esa atención, competencia de las comunidades, el Gobierno aprobó el reparto de un fondo de 40 millones de euros, que no ha conseguido resolver el problema, mientras trabaja con países de origen como Marruecos, para establecer criterios que permitan devolver a esos menores "siempre que se garantice su interés superior".

Con Marruecos también trabaja Interior sobre una solución alternativa a las concertinas de las vallas que rodean Ceuta y Melilla, es decir, los polémicos alambres con cuchillas o púas, para cambiarlo por un sistema que garantice la seguridad pero "menos cruento".

España ha conseguido que la Comisión Europea desbloqueara más de 55 millones de euros del Fondo Fiduciario de la UE para el norte de África, la mitad de los cuales irán para "paliar las circunstancias que se está produciendo en Marruecos".

En ese país se ha celebrado hace unos días una cumbre de la ONU, en la se ha aprobado el primer Pacto migratorio mundial. En ese foro, el presidente Pedro Sánchez mantuvo su ofrecimiento a liderar una gestión integral para dar respuesta "a un reto prioritario", al igual que ha hecho en la UE, para revisar la política de asilo, acordar una respuesta conjunta y situar la "defensa de los derechos humanos en el corazón de la reflexión europea".

En Europa, a algunos gobiernos, como el alemán de Angela Merkel la política migratoria le ha hecho perder votos en los últimos comicios, mientras van ganando fuerza partidos de ultraderecha en el país germano, Francia, Austria e Italia, entre otros.

España no es ajena a esos movimientos, como se ha puesto de manifiesto con la irrupción del partido ultraderechista Vox en Andalucía. Ha sido el más votado en el municipio almeriense de El Ejido, más conocido como "mar de plástico" por los invernaderos en los que trabajan miles de inmigrantes de casi un centenar de nacionalidades.