El Gobierno de Canarias ultima un decreto-ley que creará un registro oficial único para canalizar las solicitudes de los afectados por la erupción en La Palma, y que agilizará los procedimientos administrativos para la concesión de las diferentes ayudas.

Así lo ha anunciado el vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, en el Parlamento.

Rodríguez explicó que la respuesta pública a la emergencia esta siendo rápida y sensible, pero que ahora se precisa de la máxima diligencia para que los procedimientos permitan que las ayudas lleguen lo antes posible de manera ágil, segura, justa y transparente, según informó el Gobierno en un comunicado.

Precisamente, ese registro oficial único será la fuente de información de la que se nutran todas las administraciones para ayudar a los damnificados eliminando papeleo y recortando plazos, aseguró.

El vicepresidente valoró el clima de unidad política e institucional en torno a la emergencia, desde una sensibilidad absoluta y una generosidad sincera pero insistió en que lo fundamental a partir de ahora es clarificar los procedimientos administrativos para que resulten eficaces.

En ese sentido, Rodríguez consideró que debe existir complementariedad de las administraciones -de manera que no haya duplicidades en las medidas a adoptar- planificación y una participación ciudadana intensa, que permita diseñar un plan que no solo contemple una reconstrucción de los daños producidos, sino que incorpore una propuesta transformadora".

El vicepresidente también distinguió las dos fases en la que se debe articular la respuesta de las instituciones -primero la atención a la emergencia y luego, el plan de reconstrucción- y recordó las medidas puesta en marcha por el Gobierno, que ascienden hasta el momento a 30 millones de euros de diversos departamentos.

En el caso de Hacienda, se ha promovido un decreto ley con una batería de medidas tributarias excepcionales para facilitar las obligaciones fiscales de los contribuyentes palmeros.

Entre ellas se encuentra la práctica eliminación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para las viviendas nuevas que sustituyan a las destruidas por la lava.

También se aplicará el tipo cero en el IGIC que grava las entregas de vivienda, de terrenos, alquileres y vehículos.

Del mismo modo, el vicepresidente indicó que el Ejecutivo incluirá la disponibilidad inicial de 100 millones de euros en los Presupuestos autonómicos de 2022 para atender las tareas de reconstrucción, una cantidad ampliable en función de las necesidades que se vayan detectando, además de promover una rebaja en el tramo autonómico del IRPF.