La iniciativa legislativa popular que propone reformar la regulación del copago en la Ley de Dependencia para incluir criterios "más claros y justos" ha llegado por tercera vez al Parlamento y ha recibido este martes el apoyo de todos los grupos durante el debate de la toma en consideración.

La iniciativa, que entra en el Congreso de los Diputados con el respaldo de 750.000 firmas de ciudadanos, ha sido defendida ante la Comisión de Sanidad por el presidente del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), Luis Cayo Pérez Bueno, en nombre de los 3,8 millones de personas con discapacidad que hay en España y sus familias.

El representante del sector de la discapacidad ha defendido la urgencia de la reforma, para fijar "criterios mínimos e iguales" en todas las comunidades y para todos los servicios, incluidos las residencias, que eviten discriminaciones y que salgan del sistema los que no pueden pagarlo.

En su intervención, ha lamentado que "la inestabilidad parlamentaria" haya retrasado esta petición que se plantea desde hace cinco años y ha deseado que a la "tercera vaya la vencida", para que esta propuesta popular acabe convirtiéndose en "legislación positiva en unos meses".

"No desoigan esta demanda sonora y este clamor respaldado por 750.000 personas, que esperan impacientes tras cinco años de demora", ha insistido, quien ha propuesto a los grupos mejorar la iniciativa a través de enmiendas.

Pérez Bueno ha explicado que la actual regulación origina diferencias de trato y penaliza, por ejemplo, a las personas que consiguen un trabajo: "Cuanto más ganes, más pagarás de copago".

"Este copago no asegura el ejercicio y garantía de derechos que recoge la ley, sino que aboca a la compra del derecho y expulsa a los beneficiarios del apoyo a los servicios y castiga a las personas con discapacidad que generan ingresos propios con su trabajo".

La iniciativa plantea modificar los artículos 14 y 33 de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia para lograr "criterios más claros y justos en relación con la capacidad económica y la participación en el coste (...) de las personas beneficiarias".

Con esta reforma, "la regulación de la participación en el coste de las prestaciones" sería "objeto de normativa reglamentaria estatal" y se ampliarían los factores para "determinar tanto la renta como el patrimonio, añadiendo a la edad el momento vital de aparición de la situación de dependencia y su mayor o menor prolongación a lo largo de la vida".

De igual forma, se modularía la participación de las personas beneficiarias en los costes de las prestaciones: quedarían exentas las personas por debajo de un determinado umbral de renta, se limitaría la aportación máxima al 60 % del precio de referencia del servicio y se garantizaría un mínimo para gastos personales.

Ha recordado que las personas con discapacidad soportan "un sobrecoste" por ese motivo.

"Tenemos un tercio menos de disponibilidad de renta con respecto al resto de ciudadanos, menos oportunidades formativas y de acceso al empleo y los servicios nos cuestan más" a las familias, ha señalado Pérez Bueno, que ha puesto como ejemplo, llevar a un niño con parálisis cerebral a una guardería: no sirve la que está mas cerca y hay que sumar más coste de desplazamiento, que no puede ser en transporte público".

Además, el representante de CERMI ha insistido en la reivindicación de reformar la Constitución para que se reconozca como un derecho fundamental los derechos sociales y no queden al arbitrio y el compromiso del que está gobernando.

También ha pedido una valoración del sistema de dependencia, que las reclamaciones se hagan en la jurisdicción social y no contencioso administrativo para simplificar los procesos y cambiar el modelo de residencias.

Han expresado el apoyo a la iniciativa legislativa popular durante sus intervenciones los representantes de los grupos socialista (Carmen Andrés), popular (Alicia García), VOX (Juan Luis Steegmann), GCUP-EC-GC (Rosa Nedel), Francesc Eritja Ciuró (GR), Grupo Plural (Concep Cañadell Salvia), Ciudadanos (Guillermo Díaz) y grupo vasco (Josune Gorospe Elezcano). EFE