La Red Madrileña de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha acogido con satisfacción que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid haya procedido a aprobar el inicio del procedimiento para la regulación de las más de 120 plazas de los centros de menores que actualmente se encuentran amparadas en contratos de emergencia, algunos con importantes retrasos en los pagos de más de dos meses.

La Comunidad de Madrid aprobó, de forma urgente en la anterior legislatura, contratos de emergencia para ir acogiendo a los menores, siendo una figura que forzó la capacidad de respuesta de las ONGs colaboradoras, puesto que carecía de respaldo presupuestario por lo que algunas llegaron a estar hasta seis meses sin cobrar ninguna factura por los trabajos realizados.

Este acuerdo marco permitirá que se regulen los centros "pero puede suponer el cierre de algunos, si no se le dota de procesos suficientes para respetar el actual ecosistema de centros, compuesto por entidades pequeñas, medianas y grandes".

Por eso, la Red Madrileña de Inmigración pide al nuevo equipo de la Consejería que se garantice que los centros de menores ya abiertos van a continuar su labor. "Lo más difícil en un servicio social de acogida es su puesta en marcha. Sería un fracaso que por la tramitación administrativa entidades que se han endeudado para ayudar a la Comunidad de Madrid quedasen excluidas", añaden.

La Red, en representación de las entidades gestoras de centros de menores de la Comunidad de Madrid solicitará, cuando sea nombrada, una reunión urgente con la nueva titular de la Dirección General competente en materia de Infancia para hacerle llegar estas preocupaciones, "así como la necesidad de ampliar de urgencia la cobertura jurídica de los centros de 'menas' que fueron creados por contrato el año pasado y que se encuentran a menos de un mes de su cierre si no se prevé a través de prórrogas para las que el acuerdo marco no valdría si sigue la tramitación habitual (normalmente de hasta 4 meses)".