El PP ha presentado hoy una proposición de ley en el Congreso para modificar algunos apartados de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004 con el fin de adaptarla para 2019 a los acuerdos del Pacto de Estado sobre esta materia y mejorar la seguridad de las víctimas.

El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, junto a la portavoz de Igualdad, Marta González, han explicado que "el Pacto de Estado contra la Violencia de Género es una prioridad, está vigente y es evidente que no lo es para el Gobierno que está más preocupado en hacerse fotos y repartirse despachos".

El Pacto se acordó el pasado diciembre y el Gobierno, entonces del PP, tenía seis meses para poner en marcha sus medidas.

La entonces titular de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Dolors Montserrat dijo en varias ocasiones que más de la mitad de las medidas estaban en marcha pero que las reformas legislativas requerían más tiempo, como es el caso del cambio de la ley de 2004.

"Queremos mandar un mensaje de esperanza y confianza a las mujeres víctimas, sobre todo que tienen instituciones que las respaldan y apoyan y no están solas", ha dicho González.

En su propuesta, los populares quieren incluir como víctimas de violencia machista a madres o tutoras de hijos asesinados.

Se solicita que los hijos de los condenados por sentencia firme por violencia de género no puedan visitar a sus padres en prisión y que los agresores no puedan tener contacto con sus hijos.

También se amplía el concepto de maltrato machista a otros tipos de violencia contra la mujer y se fortalece la tutela judicial de las víctimas y que las ayudas que reciban sean compatibles con otras.

El PP insta a que los Colegios de Abogados designen de forma urgente un letrado de oficio y que las víctimas puedan personarse como acusación particular en cualquier momento.

"Los abogados las ayuden desde el primer momento, porque muchas veces denuncian en situación de shock", han destacado los diputados.

Los menores podrán recibir atención psicológica sin que el padre dé su consentimiento, quien deberá no obstante ser informado previamente de la decisión adoptada por la madre.

La iniciativa también busca establecer el principio inmediato de ejecución de las penas cuando son firmes.