Una plataforma de profesores universitarios catalanes se ha reunido este jueves con el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, para pedirle que actúe contra la "instrumentalización política" que, a su juicio, se está llevando a cabo en las últimas semanas y que deja a estos centros "al margen de la ley" y del "orden constitucional".

Se trata de una plataforma que representa a unos 200 docentes y que cuenta con el apoyo de otras universidades del territorio nacional e internacionales. Así lo han explicado sus representantes, Isabel Fernández, profesora de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, Ricardo García Manrique, profesor de Filosofía del derecho de la Universidad de Barcelona y Chantal Moll, profesora de Derecho Civil de este mismo centro.

Los tres han participado en este encuentro en el que, según han explicado, esperan que el Defensor del Pueblo "tome conciencia" de la situación que está viviendo la Universidad en toda esta crisis y el peligro que, en consecuencia, están sufriendo el derecho de libertad ideológica y el derecho a la educación.

El objetivo de esta reunión, ha indicado García Manrique, es que, "si lo considera oportuno", Fernández Marugán "se dirija autoridades universitarios" y les reclame el "cese" de la publicación de manifiestos en los que se expresa una "posición ideológica clara", concretamente, la cercana al secesionismo catalán.

"El hecho de que los rectores catalanes sean requeridos en este sentido por el Defensor del Pueblo creo que es importante y que visibiliza el problema a nivel nacional. Con eso nos sentiríamos satisfechos", ha explicado a los periodistas el profesor.

VULNERACIÓN DEL ORDEN CONSTITUCIONAL

Lo que denuncian estos docentes es que durante las últimas semanas, y tras la sentencia del procés, los órganos de gobierno de sus universidades han emitido comunicados en los que se expresa una "voluntad única" que vulnera el derecho a la libertad ideológica de estos centros. A su juicio, los claustros "no deberían hacer este tipo de pronunciamientos" ya que, "no son competentes para ello", puesto que no son representantes políticos, y porque suplantan la diversidad ideológica de su personal.

Del mismo modo, señalan que estos escritos, cuestiones ideológicas aparte, "vulneran los principios básicos del orden constitucional, ya que "piden al Tribunal Constitucional la libertad de presos convictos" y llaman a la "ruptura de la ciudadanía" defendiendo el ejercicio unilateral del derecho a la autodeterminación. "Estas medidas son contrarias a la ley y a la separación de poderes", han indicado.

Estos docentes se oponen, así, a la postura de los rectores catalanes que han defendido que las universidades puedan manifestarse de este modo. Tampoco están de acuerdo con la decisión de realizar evaluaciones únicas, tras las jornadas de huelga convocadas tras la sentencia, siempre que se conviertan en "un privilegio" para una de las partes. "Como en algunas universidades se está haciendo", han apuntado.

A pesar de que ninguno dice haber sentido coacciones en su entorno laboral, sí se consideran "excluidos" del centro cuando se emiten estos mensajes y reconocen que hay muchos profesores que "guardan silencio" por miedo a la situación.