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En los últimos años, la organización ha impulsado media decena de iniciativas legislativas que afectan al colectivo con discapacidad

El presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, lidera una organización que ha impulsado en los últimos años media decena de iniciativas legislativas que han supuesto avances para el colectivo de personas con discapacidad, entre ellas una reforma Constitucional que eliminaría el término 'disminuido' de la Carta Magna. "En su momento fue un texto pionero, pero el término 'disminuido' es ofensivo e hiriente en este momento", ha señalado.

La organización sigue adelante con esta iniciativa que comenzó hace ya unos cinco años proponiendo esta reforma constitucional que, según ha indicado Pérez Bueno a Europa Press, sería la "primera meramente social" de la historia.

En la actualidad, el artículo 49 de la Constitución, recoge que "los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".

Aunque este texto fue "pionero", tal y como ha recordado el presidente del CERMI, porque pocas constituciones en el mundo dedican un artículo específico al colectivo con discapacidad, el "tiempo no pasa en balde" y, a su juicio, es momento de "alinear" la Carta Magna con los nuevos tiempos y con los derechos humanos que, a su juicio, deben impregnar el texto de un país como España.

Es por eso que la intención del CERMI no es solo cambiar el término 'disminuido', sino lograr una nueva redacción de todo el artículo "más ambicioso y completo".

UNA NUEVA REDACCIÓN

De hecho, la intención es que el texto nuevo cuente con cuatro puntos y se redacte de esta forma: "Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación".

Además, recoge que "los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad" y que "estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en los términos que establezcan las leyes".

"Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad. Se regulará la especial protección de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes", continuaría el artículo, para terminar con un último punto que quedaría así: "Las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los tratados internacionales ratificados por España que velan por sus derechos".

Este texto, que fue aprobado por el Consejo de Ministros en mayo de este año y está pendiente de llegar al Congreso, fue redactado por consenso en la propia Cámara baja en 2018, después de un proceso de escucha a diferentes expertos y agentes sociales. Sin embargo, la convocatoria de elecciones de 2019 paró esta reforma, al disolverse las cortes.

NO SE ENTENDERÍA LA FALTA DE CONSENSO

En este sentido, el presidente del CERMI ha puesto en valor este trabajo parlamentario puesto que, ha indicado, la organización reclamó la modificación, pero han sido los grupos parlamentarios, ha indicado, quienes han trabajado en la redacción.

Preguntado por cómo puede afectar el nuevo arco parlamentario a la aprobación de esta reforma, Pérez Bueno ha reconocido que hay formaciones que se han mostrado reticentes, pero no cree que sea "por el contenido" del artículo, sino por "el momento" o "la coyuntura" de la actual situación política.

Se refiere a las intervenciones de algunos grupos parlamentarios del Congreso que, durante la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para explicar esta reforma, mostraron su temor a que esta iniciativa supusiera el pistoletazo de salida para realizar nuevas reformas constitucionales.

Aún así, el presidente del CERMI espera que esta iniciativa se aprueba "por amplísima mayoría" o, incluso "por unanimidad". De hecho, ha "apelado" a las formaciones a apoyar esta reforma que, ha recordado, cuenta con un consenso social. De hecho, Pérez Bueno cree que la sociedad "no entendería" ahora que un grupo parlamentario "se aparte del consenso" en esta materia.

Así lo ha hecho el Parlamento hasta ahora, ha recordado en otras iniciativas impulsadas por la organización en otras materias también relacionadas con las personas con discapacidad.

Así ocurrió cuando legislación española se transformó en 2019 para recuperar el derecho a voto de 100.000 personas con discapacidad intelectual; en 2020 para eliminar la esterilización forzosa de las mujeres del colectivo; y en este mismo año para eliminar la incapacidad jurídica de las personas con discapacidad y sustituirla por un sistema de apoyo.

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Contenido multimedia:

Foto: Archivo - El presidente de CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, en una comparecencia en el Congreso

Firma: CONGRESO - Archivo

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