VIOLENCIA MACHISTA

Pikara Magazine registra en el Congreso informe sobre ciberviolencia machista

La jurista feminista Laia Serra y la revista Pikara Magazine han registrado hoy en el Congreso de los Diputados un informe sobre violencias de género en línea y que incluye una serie de recomendaciones al Gobierno.,El informe, elaborado con el apoyo de Calala Fondo de Mujeres y Front Line Defenders, también hace visible que el "ciberacoso impide u obstaculiza gravemente la participación pública de las mujeres activistas y defensoras de derechos humanos", como ocurre con las

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2' Actualizado 16:38

La jurista feminista Laia Serra y la revista Pikara Magazine han registrado hoy en el Congreso de los Diputados un informe sobre violencias de género en línea y que incluye una serie de recomendaciones al Gobierno.

El informe, elaborado con el apoyo de Calala Fondo de Mujeres y Front Line Defenders, también hace visible que el "ciberacoso impide u obstaculiza gravemente la participación pública de las mujeres activistas y defensoras de derechos humanos", como ocurre con las comunicadoras feministas vinculadas a la publicación online Pikara Magazine.

"De alguna manera, lo que se plantea en el informe es que las violencias digitales son violencias machistas. Parece una obviedad, pero no lo es. Y que estas son una continuación de las que sufrimos las mujeres fuera de las redes", ha expuesto Serra en una rueda de prensa.

Y ha lamentado el "desconocimiento total" tanto cualitativa como cuantitativa que existe sobre estas violencias online.

El informe se ha presentado en el Congreso después de aprobarse el pasado julio una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que exhorta a los Estados a que adopten "medidas inmediatas y eficaces" para prevenir la violencia contra mujeres y niñas, también en contextos digitales.

Según las aportaciones de distintos colectivos referentes en el mundo en el abordaje de las violencias de género en línea, este documento estructura sus sugerencias en tres ejes.

El primero, sobre políticas públicas, pone de manifiesto, entre otros puntos, que hay que "elaborar una definición integral de violencia de género en línea".

Además, hay que concebirla como un "continuum del resto de violencias contra las mujeres y no de forma separada" y "considerar la especificidad que las TIC imprimen a esas violencias, como la replicabilidad, la facilidad de búsqueda y la imposibilidad de eliminar contenidos".

Mejorar el sistema de registro de las violencias de género en línea par profundizar sobre este fenómeno, elaborar campañas públicas que promuevan el repudio hacia la violencia de género en línea, o apoyar la consolidación de redes feministas online y de estrategias de seguridad digital para las mujeres y otros grupos vulnerabilizados son otras de las recomendaciones.

El informe también apela a "cuestionar un enfoque eminentemente punitivista, en clave penal, y considerar otras respuestas, como los procesos administrativos" ya que las medidas legislativas de reforma o de nueva promulgación "no son suficientes", por lo que las soluciones "deben ser en clave positiva e incluir medidas legales y no legales".

En cuanto a medidas legislativas, ha de asegurarse una "capacidad de reacción inmediata, con investigaciones urgentes, así como el otorgamiento de órdenes de protección y la confección de protocolos de retirada de contenidos de emergencia, adaptados al debido proceso".

Por último, el informe también incluye medidas dirigidas a las plataformas intermediarias de internet, a las que alienta para que "garanticen la seguridad de los datos y la privacidad, incorporándola como opción predeterminada".

También se demanda la "capacitación de los cuerpos policiales, el poder judicial y otros operadores jurídicos, en perspectiva de género, para que dimensionen la gravedad de las violencias de género en línea, reaccionen con rapidez y comprendan las nuevas tecnologías".

"Las plataformas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, incluida la prevención de la violencia de género. La regulación gubernamental y la imposición de obligaciones a las plataformas también deben respetar el marco de los derechos humanos, empleando medidas necesarias y proporcionales", añade el documento.

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