La Fiscalía ha solicitado en sus conclusiones provisionales 20 años y medio de prisión para el principal acusado de una organización dedicada a la introducción ilegal en España de inmigrantes marroquíes a través de pateras o contratos ilegales, a algunos de los cuales llegaban a secuestrar.

El Ministerio Público, según recoge el escrito de acusación al que ha tenido acceso Efe, atribuye a Abdelkrim G. delitos de secuestro, contra el derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores, por los que le solicita además cerca de 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

En la causa, que será juzgada a partir del próximo 18 de noviembre en la Audiencia de Granada, también están acusados Hayat B.I., para que la que se piden 4 años de cárcel por un delito contra los ciudadanos extranjeros, y Mostapha G., al que solicita esa misma pena, además de otros 9 meses de prisión por otro delito contra los derechos de los trabajadores.

Según el relato fiscal, en Motril (Granada) y fruto de la investigación efectuada desde comienzos de 2018 se tuvo conocimiento de la existencia de varias personas afincadas en la costa de Granada que, de manera organizada y con estructura estable y jerarquizada, se dedicarían al favorecer la inmigración clandestina de ciudadanos extranjeros desde Marruecos.

En algunos casos, participarían en la gestión de los viajes y en otros recogerían a los inmigrantes una vez que llegaban a la costa española y les facilitaban, ya en territorio nacional, manutención y alojamiento para proponerles un empleo de manera ilegal en explotaciones agrarias propiedad de las personas investigadas.

También les facilitaban de manera "mendaz" contratos de trabajo irreales o simulados para que pudieran obtener su permiso de residencia y trabajo en España con altas ficticias de dichos inmigrantes en la Seguridad Social con las que estos pudieran luego obtener de manera fraudulenta subsidios públicos españoles.

Dicha actividad se hacía siempre a cambio de importantes sumas de dinero, cuyo pago siempre se aseguraba por los investigados y a veces incluso tenían que atentar contra su libertad por llegar a retenerlos en viviendas alquiladas hasta poder cobrar de ellos o a través de familiares.