La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena, que incluiría el pago de indemnizaciones por más de 440.000 euros, para un conductor de 85 años acusado de atropellar mortalmente a un ciclista en el Alto de La Madera (Siero) en diciembre de 2020. El escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscalestá presentado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Siero.

El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las 17 horas del 21 de diciembre de 2020, el acusado que en la fecha de los hechos tenía 85 años, circulaba por la carretera AS-376 (Gijón-Langreo), en dirección Gijón, conduciendo un Land Rover. Al llegar al kilómetro 12, en la intersección con la carretera AS-1, en un tramo curvo, descendente, con perfecta visibilidad, el acusado realizó un giro a la izquierda para cambiar de carretera, invadiendo el carril contrario en el momento en que por el mismo, en sentido contrario,circulaba correctamente en bicicleta B. F. Q.

El acusado, pese a no tener ningún obstáculo o circunstancia que se lo impidiera, sin respetar su presencia y su preferencia de paso, sin detenerse y sin realizar acción evasiva alguna, lo acometió y arrolló.

Como consecuencia del atropello, B. F. Q. falleció.B. F. Q. tenía 56 años, estaba casado y tenía hijo, nacido en 1999.Se ocasionaron daños en la bicicleta por importe de 8.492,99 euros.Se ocasionaron daños en la ropa del fallecido por importe de 125,99 euros. A consecuencia de los hechos, su esposa precisó asistencia médica psicológica, lo que le ocasionó unos gastos de 935 euros.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave y solicita que se condene al acusado a 1 año de prisión, privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 3 años, que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47, párrafo tercero, del CódigoPenal conllevaría la pérdida de vigencia del permiso que habilita para la conducción.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado, y la compañía de seguros como responsable civil directo y solidario, abonen al SESPA, por el importe de los gastos ocasionados por la asistencia médica prestada al fallecido, si no se hubieran indemnizado según acuerdos privados del Servicio de Salud con la compañía de seguros; a la esposa del fallecido, 277.418 euros y al hijo del fallecido, 171.105 euros.