El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado este martes que el incendio de la Sierra de la Culebra (Zamora), que arrasó más de 25.000 hectáreas, "se podía haber evitado" ya que la Junta de Castilla y León ha hecho "caso omiso a las opiniones expresadas en los últimos tiempos".

Durante una rueda de prensa ofrecida este martes en Salamanca, donde ha participado en la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, Álvarez ha pedido que "de manera inmediata" se asuman "responsabilidades políticas, que las hay", ante la falta de concreción del Código Penal respecto a "delitos medioambientales".

Ha añadido que cuando una comunidad autónoma, "de una manera contumaz y reiterada", no cumple con las obligaciones que tiene de "poner todos los medios para que no se produzcan incendios" se tienen que producir "sanciones".

"Como las sanciones políticas en este país perece que no existen, seguramente la única manera de avanzar en esta materia es aplicando sanciones de carácter penal", ha agregado.

Pepe Álvarez ha insistido en la idea de que "los fuegos se apagan en invierno", aunque ha asegurado que este planteamiento se lleva realizando "desde hace años y da igual", pues a los representantes políticos "les da lo mismo lo que ocurra en el monte hasta que no llegan determinadas fechas".

Por su parte, el líder de UGT ha hecho un análisis político de Castilla y León para arremeter contra el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), al que ha tildado de "mentiroso" cuando dijo que "los sindicatos y la patronal reciben una subvención de 20 millones de euros".

Ante ello, le ha pedido que "se vaya a confesar", que "se arrepienta y pida perdón" ante sus "tendencias católicas", ya que los sindicatos reciben unas subvenciones "marcadas por ley, que son de pleno conocimiento y son casi veinte veces menos de lo que manifestó".

En la rueda de prensa también ha participado el secretario autonómico de UGT, Faustino Temprano, quien ha mostrado su preocupación por las "políticas activas de empleo, que desarrolla el Ecyl", que están sin "una solución inmediata" y en las que se destinaron el pasado año "más de trescientos millones".