La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) considera que "provoca vergüenza suprema" la decisión del Tribunal Supremo de revisar la sentencia de la Sala de lo Contencioso que establece que la banca, y no sus clientes, deben pagar el impuesto de actos jurídicos al firmar una hipoteca.

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, se reunirá hoy con los magistrados que dictaron la sentencia en un encuentro de carácter interno para analizar la situación creada tras el fallo y confirmar o no la jurisprudencia creada, por su fuerte impacto económico y social.

El pasado jueves, una sentencia de la Sala de lo Contencioso determinó que debe ser la entidad financiera, y no el cliente, quien se haga cargo del impuesto de actos jurídicos documentados, en contra del criterio de otra sentencia del Supremo, de febrero de este año, que consideró que el pago debe recaer en el cliente.

Ante la avalancha de críticas y el desplome de la cotización de los bancos, el alto tribunal anunció el viernes que paralizaba con carácter urgente todos los recursos planteados y que la decisión definitiva se tomaría en el Pleno del tribunal, formado por una treintena de magistrados.

En un comunicado, la PAH ha asegurado hoy que "la legitimidad del Tribunal Supremo está en entredicho una vez".

"No es la primera vez que el TS opta por aplicar medidas económicas frente a las jurídicas, que son las únicas que le competen", ha criticado la PAH, que ha recordado que cuando la Sala de lo Civil en mayo de 2013 dictó sentencia sobre las cláusulas suelo, limitando la devolución por los bancos a la fecha de su sentencia, tuvo que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en diciembre de 2016 el que dijera que la devolución tenía que ser desde el momento de la firma de la hipoteca.

Según la PAH, la Sala de lo Contencioso-Administrativo "ha venido dictando últimamente sentencias progresistas, a diferencia de la de lo Civil", como la de diciembre de 2017 sobre protección de los menores en caso de desahucio o la de julio de este año sobre la obligación de cumplir los dictámenes de organismos internacionales en materia de Derechos Humanos.

"Los poderes económicos han debido hartarse ya y han decidido presionarla para impedir que hagan Justicia, y conseguir que sigan haciendo su justicia", ha opinado la PAH, que ha denunciado "esta decisión sin precedentes, y esperamos que los otros 30 jueces opten por mantener el criterio de los de la Sección Segunda".

"Para nosotros -añade la nota de la PAH- no es nuevo tener que sufrir a una Administración de justicia servil y blanda con los poderosos y dura e inflexible con los débiles".