Con el objetivo de abandonar un "modelo migratorio roto", basado en el control de los flujos migratorios, Oxfam Intermón ha planteado una hoja de ruta alternativa a la de la Unión Europea que consistiría en la protección y en la ampliación de los derechos de las personas desplazadas forzosas.

Oxfam ha presentado esta propuesta en rueda de prensa un día después de la condena del Tribunal Supremo al Gobierno español, por la que le obliga a cumplir con sus compromisos europeos en materia de reubicación y reasentamiento de refugiados.

Para esta ONG, la política migratoria comunitaria, pese a haber logrado su objetivo de reducir el número de llegadas en un 95 % desde octubre del 2015, no ha sido efectiva, en tanto que ha convertido la inmigración irregular en una "amenaza" y el reparto de responsabilidades sobre el control migratorio en un "problema político".

Así aparece recogido en el informe "Origen, tránsito y devolución: las personas refugiadas y la crisis política de la UE", elaborado por Oxfam Intermón en colaboración con la Fundación porCausa, que plantea alternativas para "beneficiar a los países de destino, a los de origen y a las personas que migran".

"Hay que sustituir la narrativa del control de flujos migratorios por otra. Entre la 'Europa fortaleza' y las fronteras totalmente abiertas hay un término medio y una gestión de modelo migratorio diferente", ha señalado la responsable de desplazamiento global de Oxfam Intermón, Eva Garzón.

"Hemos puesto el foco en cuestiones absolutamente legítimas, como la cuota de acogida, pero que obvian la foto más amplia y la posibilidad de que las políticas migratorias se estén construyendo desde un transfondo erróneo, de forma intencionada o no", ha añadido.

"La crisis migratoria ha devenido en una verdadera crisis política para Europa. Se ha consolidado el respaldo de la opinión pública a cuestiones cada vez más xenófobas y excluyentes", ha lamentado Virginia Rodríguez, de la Fundación porCausa y coautora del documento.

Dicho enfoque se ha traducido en cuatro tendencias que, para Oxfam, "podrían haber llegado para quedarse": la securitización de las fronteras exteriores de la UE, la privatización, con la creciente dependencia del sector privado; la externalización del control migratorio; y la criminalización de la inmigración irregular.

Esto ha tenido, además, consecuencias "tangibles" en tres ámbitos, como es el "giro" de la condicionalidad de las ayudas de cooperación al desarrollo, las dificultades para garantizar el retorno de las personas en situación irregular y la "distorsión" de las relaciones bilaterales con terceros Estados, como Turquía y Libia.

En aras de revertir esta realidad, Oxfam propone un modelo alternativo construido en torno a dos principios, uno "ético" y otro "político", en el que la protección de los derechos ya establecidos por los convenios internacionales "debe ser el eje central, no la protección de fronteras".

Este nuevo planteamiento migratorio debería dotar de algún tipo de amparo a los desplazados forzosos que quedan fuera de la protección internacional, como los refugiados climáticos; facilitar la "movilidad segura" de los trabajadores y optimizar el impacto de las migraciones en el desarrollo.

Para ello, Oxfam recuerda que existen varios elementos al alcance de los Estados miembros de la UE, como la nueva agenda europea sobre migraciones, las actuales negociaciones llevadas a cabo en la ONU para un Pacto Mundial sobre Migraciones y otros acuerdos, tanto bilaterales como plurilaterales, de facilitación del empleo o de formación.

Desde la organización han subrayado que la política comunitaria puede gestionarse "de forma más inteligente", puesto que la migración "bien gestionada" puede actuar como un "bien público global".

"Está demostrado que las personas inmigrantes y refugiadas enriquecen a las sociedades de acogida, en términos económicos, demográficos y de innovación. Lo demás es triunfo de una política alarmista que busca beneficiarse del miedo", ha sentenciado la responsable de Oxfam.