Diversas ONG, entre ellas Acnur y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), han pedido hoy una "estrategia nacional" para gestionar la llegada de migrantes, basada en un "protocolo unificado" que evite la vulneración de los derechos de las personas que llegan a España.

Lo hacen después de la entrada ayer por Ceuta de 602 inmigrantes, de los cuales 15 han resultado heridos, y del rescate en las últimas horas de cerca de 700 personas cuando se dirigían a las costas del sur de España.

"Desde Acnur venimos solicitando desde hace tiempo una estrategia nacional para la gestión de las llegadas, tanto por mar como a través del procedimiento de asilo, desde una coordinación estrecha a nivel ministerial y de las comunidades autónomas", ha explicado a Efe María Jesús Vega, portavoz de la organización.

Vega ha señalado que Acnur "se ha puesto al disposición del Gobierno" para poder ayudar en la recepción de las llegadas, especialmente en aquellos casos de posibles solicitantes de protección internacional, puesto que "no hay suficientes recursos para atender adecuadamente" a estas personas.

Desde la entidad ven "muy positiva" la puesta en marcha por parte del Gobierno de un centro en Algeciras para recibir a las personas rescatadas, que pueda contar con un "equipo multidisciplinar" y así "replicar, a pequeña escala, lo que se ha hecho con la llegada del buque Aquarius".

La portavoz ha aclarado que desde Acnur no pueden "confirmar ni desmentir" que se hayan producido devoluciones de inmigrantes en caliente durante el día de ayer en Ceuta, pero han insistido en que, en cualquier caso, lo que se debe respetar es el derecho de las personas al asilo.

"Entendemos que las personas que han cruzado y que se encuentran ahora en el centro de estancia temporal, si necesitan la protección del asilo, van a poder pedirla a las autoridades competentes y se les informará sobre su derecho a hacerlo", ha afirmado.

En este punto, Amnistía Internacional ha rechazado las declaraciones de ayer del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien negó que se hubiesen producido devoluciones en caliente, y ha pedido al Ejecutivo que derogue la disposición adicional de la Ley de Seguridad Ciudadana que "permite las devoluciones en frontera sin acceso al procedimiento adecuado".

"Las expulsiones sumarias y colectivas están prohibidas, de acuerdo al Convenio Europeo de Derechos Humanos y la legislación comunitaria. Cualquier alegación de expulsión colectiva debe ser inmediatamente investigada", ha asegurado en un comunicado Virginia Álvarez, experta en migración en Amnistía Internacional España.

"Las autoridades españolas continúan expulsando a través de la valla fronteriza a personas migrantes y a posibles solicitantes de asilo. Esta práctica vulnera las normas internacionales y la propia legislación española, que obliga al acceso a los procedimientos individualizados de asilo", ha añadido.

Por su parte, los responsables de CEAR coinciden en que "es más necesario que nunca un plan de acción y un protocolo unificado", coordinado entre los diferentes actores del Estado, "para que no se vulneren los derechos de las personas que llegan a nuestro país".

En un comunicado, la organización ha sostenido que "no hay ningún efecto llamada", sino más bien un "efecto huida ante el riesgo de muerte", debido a la firma de acuerdos de la Unión Europea con países como Turquía o Libia basados en la "externalización de fronteras".

"Como consecuencia de estas políticas, se ha triplicado el porcentaje de muertes por llegadas en el Mediterráneo Central, ya que este año han muerto 6 de cada 100 personas que lo intentan. Esto hace que muchos elijan la ruta entre España y Marruecos, a pesar de que ya habrían perdido la vida más de 300 personas, más que todas las registradas durante el año pasado", han subrayado.

Para el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), dichas políticas de externalización y cierre de fronteras han puesto de manifiesto tanto la "debilidad de los programas y protocolos de recepción en costas y acogida humanitaria" como la "insuficiencia de los mecanismos de solidaridad y corresponsabilidad europeos".

Por ello, han instado al Gobierno, en consonancia con las recomendaciones del Defensor del Pueblo, a buscar "soluciones de urgencia y estructurales para garantizar los derechos de las personas migrantes".