Save the Children ha escrito una carta tanto al Ministerio del Interior, como al Gobierno de la Comunidad de Madrid y al Defensor del Pueblo, para trasladarles su preocupación tras la reanudación del pacto entre España y Marruecos para retornar a menores migrantes no acompañados (MENA).

Una delegación marroquí se encuentra en Madrid, donde el Ministerio del Interior está realizando entrevistas a 23 menores marroquíes que han llegado solos a España y que se encuentran acogidos o tutelados por la Comunidad de Madrid. El objetivo es proceder a su identificación y a un "eventual" inicio del correspondiente procedimiento de repatriación al país alauí, en virtud de un acuerdo bilateral firmado en 2013 y que hasta ahora no había sido aplicado.

"La organización lamenta que en lugar de una reforma profunda del sistema de protección e integración o un desarrollo de otras soluciones duraderas como la reagrupación familiar en terceros países de Europa o con familia extensa en otras comunidades autónomas, el Gobierno haya optado por reactivar un acuerdo que presenta graves riesgos para los derechos de estos niños y adolescentes marroquíes", señala Save the Children.

Así, pide que "no se materialicen las deportaciones de menores no acompañados a Marruecos cuando el proceso no se haya realizado con todas las garantías legales, no se hayan tomado en cuenta todas las circunstancias del menor, no existan todas las garantías de seguridad y bienestar de los menores en su país de origen y cuando se intente hacer en contra de su voluntad o sin ser escuchada su opinión".

La organización insiste en que las administraciones deben poner todos los medios necesarios para escuchar de forma efectiva al menor. "Esto implica garantizar que cuenta con información suficiente y con asistencia letrada, así como que se contemple su derecho a negarse", agrega, recordando que este procedimiento "no podrá nunca aplicarse en aquellos casos en los que el menor pueda ser solicitante de asilo ya que prevalece el principio de no devolución".

"Las distintas administraciones deben velar por el interés superior del menor, por su seguridad y bienestar. Un menor no acompañado se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, requiere atención especializada y un seguimiento de su evolución para evitar, en la medida de lo posible, que llegue a la edad adulta con una vida rota", explica la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, Ana Sastre.

Según recalca, si los menores "se vieron en la necesidad de huir solos de sus lugares de origen", retornarlos "sin garantizar que las condiciones de origen son verdaderamente seguras puede exponerles a situaciones altamente perjudiciales".

La organización recuerda que todos los Estados están obligados a atender de manera individualizada las circunstancias que han llevado a cada persona a intentar entrar en su territorio, prestando particular atención si se trata de un perfil que necesita protección, como un niño no acompañado.

Por su parte, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha iniciado el proceso para paralizar la deportación de los 23 menores no acompañados. Según denuncia, el Gobierno ha comenzado a retornar "sin aclarar los criterios de selección de los mismos, garantizarles acceso a letrado ni información previa". La Red ha denunciado por escrito estos hechos ante la Defensoría del Pueblo y del Menor y se ha dirigido a la Fiscalía de Menores de Madrid.

Desde Andalucía Acoge, expresan su "preocupación" sobre si "se están respetando todas las garantías en el proceso y si a estos menores se les están respetando sus derechos". "Con esta medida se está priorizando el control de los flujos migratorios frente a la protección de los menores, insistiendo en las posibilidades de repatriación en vez de mejorar las deficiencias palpables del Sistema de protección a la infancia en España", sostienen.

"La insistencia en querer repatriar menores de edad del Ejecutivo de Sánchez no hace más que alentar la criminalización que se viene sucediendo en los últimos meses hacia los propios menores. Esta decisión del Gobierno puede fomentar los discursos xenófobos dirigidos a una parte de la población especialmente vulnerable: los menores", avisan.

Asimismo, la ONG destaca en España se mantienen activas "12.330 denuncias por desapariciones, 9.737 corresponde a menores de edad". De ellas, según Andalucía Acoge que cita datos de Interior, "al menos más de la mitad, 5.084, se deben a las fugas de menores migrantes de centros de acogida, mayoritariamente ubicados en Andalucía.

"Además de encontrarse en la absoluta clandestinidad, los menores pueden caer fácilmente en redes de extorsión de diferente tipo, como denunciamos a mediados de este mes entorno al desmantelamiento de una red criminal que se hacían con menores de diversos centros de protección ubicados en Andalucía", recalcan, apuntando que además, es "probable" que de saberse la posibilidad de una repatriación, "aumente el número de menores que huyan de los centros al considerarlos lugares inseguros con este planteamiento".