(Actualiza la NA2098 con datos de CEAR)

Save the Children y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han pedido al Gobierno el desbloqueo del buque Open Arms y del pesquero Aita Mari y la autorización para navegar y poder hacer rescates en el Mediterráneo que eviten la muerte de migrantes, entre ellos niños y niñas.

Capitanía Marítima del puerto de Barcelona, dependiente del Ministerio de Fomento, ha prohibido zarpar al Open Arms, después de que desembarcaran 308 personas migrantes -140 niños- que ni Italia ni Malta, los puertos seguros más cercanos, quisieron acoger, explica en un comunicado.

Por este mismo motivo, la Capitanía Marítima del puerto de Pasaia (Guipúzcoa) también ha desautorizado al barco Aita Mari a poner rumbo a aguas libias, añade.

Save the Children destaca que según los convenios internacionales, las embarcaciones deben llevar a los náufragos al puerto seguro más cercano, como así hicieron, y que su labor de rescate es fundamental para garantizar la seguridad y los derechos de las personas migrantes en el Mediterráneo, donde el año pasado más de 1.300 personas perdieron la vida intentando llegar a Europa.

La organización considera fundamental la labor de estos barcos en la protección de las personas migrantes en el mar, especialmente en aguas libias, donde tan solo hace unos días murieron al menos 170 personas en dos naufragios. "El dejar en puerto a estos barcos condena a la muerte a personas que pueden y deben ser salvadas", indica.

Ante la omisión de sus responsabilidades por parte de los países europeos, estos barcos de rescate son la última esperanza para personas que huyen de la violencia y pobreza en sus lugares de origen. La prioridad en esta crisis debe ser salvar vidas y no frenar el flujo migratorio, señala Vicente Raimundo, director de Programas en España de Save the Children.

La organización insiste en que la obligación de asistir a las personas que se encuentren en peligro en el mar es uno de los principios básicos y esenciales del Derecho Marítimo, y así lo reconoce toda la legislación internacional ratificada por España.

Por su parte, CEAR ha recalcado que los citados buques realizan "una labor encomiable que consigue reducir la pérdida de vidas humanas de quienes no tienen otra salida que el mar para huir de infierno libio".

Y ha reclamado que los países europeos cumplan con sus compromisos para acabar "con la improvisación y la incertidumbre tras cada rescate", que se agilicen los desembarcos, se garantice el acceso al derecho de asilo a las personas rescatadas o se den garantías jurídicas a todas las embarcaciones que hagan labores de rescate.