Diversas ONG han insistido este miércoles, tras el caso el Open Arms, en la necesidad de que los países europeos acuerden un mecanismo que asegure que los migrantes rescatados en el mar sean desembarcados cuanto antes en el puerto más cercano posible, seguido de un reparto de los que soliciten asilo.

En sendos comunicados, Amnistía Internacional España y la Red Acoge han destacado la necesidad de políticas migratorias garantes de los derechos humanos, al mismo tiempo que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), a través de Twitter, ha urgido a un protocolo de "desembarco seguro".

Para la responsable de Campañas de Amnistía Internacional en España, Maribel Tellado, el desembarco en Lampedusa de las personas rescatadas por el Open Arms, que llevaban a bordo 19 días constituye "un alivio a una situación insostenible, creada por el fracaso de las políticas migratorias europeas en el Mediterráneo central".

Ha confiado asimismo que las 356 personas que están ahora a bordo del barco de rescate de las ONG Medicos sin Fronteras (MSF) y SOS Mediterranee, el Ocean Viking, sean desembarcadas "cuanto antes en el puerto seguro más cercano y no protagonicen un episodio tan dramático como el que acaban de vivir en el Open Arms".

Amnistía espera además que Proactiva Open Arms pueda volver cuanto antes a la zona de rescate, ya que su labor de salvamento "sigue siendo inestimable para las personas que arriesgan su vida huyendo de la detención y la tortura en Libia".

Por su lado, la Red Acoge ha denunciado que la actual política migratoria de los países europeos y de la propia UE "tiene como principal objetivo el cierre de fronteras y el bloqueo absoluto a la libre circulación de personas".

La principal consecuencia de estas políticas es la muerte de cientos de personas y en el primer semestre del año 2019 más de 800 personas han perdido la vida en el Mediterráneo, "muertes de las que son responsables y quedan impunes", ha enfatizado.

Red Acoge ha recordado que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos fija que los estados tienen la obligación de prestar auxilio a cualquier persona que se halle en peligro, independientemente de la nacionalidad o estatus de esas personas o las circunstancias en que fueron halladas.