La consejera de Derechos Sociales del Gobierno foral, Mari Carmen Maeztu, ha mantenido este viernes en su despacho una reunión con Pablo Rubio, consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública de La Rioja. En el encuentro han compartido experiencias sobre la gestión de la crisis del COVID-19 en las residencias de mayores y sobre la auditoría externa realizada por Navarra sobre los efectos de la primera ola de la pandemia.

El encuentro ha servido también para contrastar la situación de las residencias de mayores en ambas comunidades autónomas. Tanto la consejera Maeztu como Pablo Rubio han coincidido en señalar que hay puntos de coincidencia en la situación en ambas comunidades, especialmente la relación entre los casos en residencias y la incidencia del COVID-19 en la zona, ha informado el Gobierno.

"Además, al ser comunidades autónomas limítrofes, con mucho tránsito y relación entre localidades, lo que sucede en una comunidad puede afectar a la otra. De ahí la importancia de una acción coordinada entre ambas administraciones públicas", ha señalado Maeztu.

A la reunión también han asistido Inés Francés, directora-gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas; María Somalo, directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores de La Rioja, así como los jefes de gabinete de ambos departamentos.

Otro de los aspectos abordados en la sesión de trabajo ha sido el sistema de concertación de plazas con las residencias de ancianos. En el caso de Navarra, se ha descrito cómo en el vigente Acuerdo Marco se apostó por un incremento de plazas, una mejora en las condiciones laborales y un aumento de los ratios de personal, como forma de mejorar la calidad en la atención. El Acuerdo Marco, con una vigencia de dos años, está previsto que sea ampliado y mejorado el próximo año 2021, ha añadido.

Las responsables de Derechos Sociales también han explicado el proceso iniciado en la Comunidad foral para que los centros caminen a un nuevo modelo de atención centrado en la persona.

Finalmente los responsables de las consejerías han coincidido en valorar "muy positivamente el anunciado Plan de Choque sobre la Dependencia por parte del Gobierno de España, lo que puede suponer una mejora sustancial en el actual sistema de cuidados y abordar el necesario cambio de modelo de atención a las personas en situación de dependencia".