El Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat ha dado luz verde a la tramitación del plan territorial sectorial de la vivienda, que establece que, en el plazo de 20 años, los municipios con alta demanda acreditada tengan que reservar el 15 % de los pisos a políticas sociales.

Este plan, que tiene como principal misión constituir un marco orientado para la aplicación en todo el territorio de las políticas de vivienda, se prevé que esté listo en el primer semestre de 2022.

Un total de 163 municipios catalanes, que aglutinan más del 80 % de la población y están considerados como áreas de demanda residencial fuerte, deberán disponer de un mínimo de un 15 % de viviendas destinadas a políticas sociales en el plazo de 20 años.

El plan también prevé la posibilidad de que otros municipios puedan ser considerados como demanda residencial fuerte si son colindantes con localidades que ya han sido declaradas como tal.

También abre la puerta a que los municipios colindantes se puedan mancomunar, de manera que puedan lograr los objetivos de pisos sociales de forma conjunta.

El nuevo plan estima que en los próximos 20 años será necesario obtener 300.000 viviendas destinadas a políticas sociales en las áreas de demanda fuerte y acreditada.

Actualmente, el parque de alquiler social está formado por unas 54.000 viviendas, que habrá que ampliar hasta las 255.000 para lograr el objetivo y llegar a un 7 % de vivienda social.

Además de ampliar el alquiler social, será necesario impulsar la construcción de vivienda protegida de compraventa y de tenencias intermedias con 107.800 nuevos pisos. EFE

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