Macarena Baena y Olivia Alonso

La mitad de los niños pobres repite curso, frente a solo el 8 % del resto de los escolares. Además, su tasa de abandono escolar es mucho más elevada, tienen un bajo desarrollo de aptitudes cognitivas, más tendencia a la obesidad, más problemas de salud mental y mayores niveles de conflicto social.

Estas son solo algunas de las "cicatrices" que la pobreza deja en los niños y que el Alto Comisionado para la lucha contra la Pobreza Infantil, Pau Marí-Klose, se ha propuesto combatir con una batería de medidas plasmadas en los Presupuestos Generales del Estado para 2019, y que desgrana en una entrevista con Efe.

En España el 28 % de los menores de 16 años, 2,1 millones de niños, vive en riesgo de pobreza. Y, según cálculos del Gobierno, 700.000 de ellos lo hace en situación de carencia severa, es decir, sin tener garantizada su alimentación o cosas tan básicas como la luz o la calefacción o, simplemente, poder ir a un campamento en verano.

"Somos una anomalía en Europa, no hay ningún país con nuestro nivel de desarrollo" con unas tasas de pobreza infantil tan elevadas, asevera Marí-Klose, quien añade que se trata de una de las más altas de Europa, diez puntos superior a la media y que solo Rumanía y Bulgaria están por encima.

Una situación sobre la que ya han advertido a España la Comisión Europea y la OCDE.

Explica Marí-Klose que se trata de un problema estructural de la sociedad española que tiene su origen en dos factores.

El primero es la estructura del mercado laboral, con una elevada precariedad que afecta más a los jóvenes, "y por tanto a las familias jóvenes que son las que tienen hijos pequeños", un colectivo, además, muy perjudicado por el paro, y con bajas prestaciones por desempleo que se agotan sin que hayan conseguido otro empleo.

Y el segundo es la débil estructura de protección social para las familias.

España sólo dedica el 1,3 % de su PIB a políticas de familia e infancia, frente al 2,4 % de media de la UE. Y el gasto en prestaciones por hijo se sitúa en el 0,5 % del PIB (1,2 % en la UE).

Para recortar esa diferencia, explica el Alto Comisionado, las cuentas para 2019 recogen el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital con un incremento de la prestación por hijo a cargo para las familias con ingresos inferiores al umbral de la pobreza, actualmente fijado en 17.800 euros anuales para los hogares con dos hijos.

Con esta nueva ayuda, una familia que ingrese menos del 50 % de esa renta recibirá una prestación por hijo de 341 euros, frente a los 291 actuales. En el caso de familias por debajo del 25 % del umbral, la prestación será de 588 euros.

Según los cálculos del Alto Comisionado, cerca de 1,3 millones de niños se beneficiarán de estas prestaciones, 700.000 de ellos de la de 588 euros.

Unas ayudas con las que prevén sacar de la situación de pobreza severa a 82.000 menores, y reducir la tasa un 12 %.

Para situar a España en la media europea ese Ingreso Mínimo Vital debería alcanzar los 1.800 euros en el caso de pobreza severa, 1.200 para alta y 600 para moderada, objetivos que figuran en el programa electoral del PSOE y que el Alto Comisionado confía el alcanzar en "un plazo de tiempo relativamente corto".

Pero no es suficiente. Para revertir la pobreza, detalla Marí-Klose, hay que trabajar en varios frentes: mercado de trabajo, luchando contra la precariedad; educación, recuperando la inversión anterior a los recortes, favoreciendo, con becas, el acceso a la educación 0-3 y a la universidad, y potenciando las actividades educativas y de ocio con programas como VECA.

"Somos un país que invierte poco en familia. Solo hay que pensar en países como Austria que, con un nivel de desarrollo y un PIB parecido al nuestro, tiene una prestación por hijo por encima de los 2.000 euros al año. Es universal y la reciben todos los niños.

Y es que si no se interviene "la pobreza se hereda" y los menores pobres se ven abocados a ser adultos pobres.

"Las oportunidades vitales de los niños que nacen y se crían en familias pobres están muy condicionadas por la adversidad económica que sufren con carencias de otro tipo: educativas, sanitarias, culturales, sociales... que dejan marcas, que dejan cicatrices".

Todas estas desventajas componen una "mochila social" que van arrastrando, que condiciona su futuro y que los convierte en adultos con más enfermedades, problemas sociales y difícil empleabilidad.

"En los países más desarrollados la infancia está considerada un bien público, no es exclusivamente un bien de las familias, el bienestar de los niños no es algo que solo haya que exigir a los padres", insiste Marí-Klose.

Entienden que necesitan niños y que estos crezcan en buenas condiciones. Las ayudas por hijo a cargo están generalizadas porque simplemente reconocen que los niños importan y que son necesarios.

"Es de justicia y es una buena inversión económica inyectar recursos" a las familias más pobres, defiende al Alto Comisionado, que recuerda que, según cálculos de Save the Children, cada hijo tiene un coste de entre 400 y 500 euros mensuales.

Cuando se habla de luchar contra la pobreza infantil hay que tener un enfoque transversal a la hora de implementar medidas en los Presupuestos que corrijan las desigualdades.

Y entre ellas están los 1.780 millones para becas y ayudas a estudiantes; los 100 para la compra de libros de texto; y los 137 para aumentar el parque de viviendas en alquiler a precios asequibles.

Además, los Presupuestos incluyen 30 millones para atender a los menores migrantes no acompañados y 412 millones para acciones en favor de los inmigrantes.

"Hay que ir a las raíces del fracaso e invertir en la primera infancia, en la educación de 0 a 3 años", una medida fundamental y poderosa para compensar a estos niños.

"Muchas veces ya llegan al sistema reglado de los 6 años con desventajas cognitivas, que dificultan su aprendizaje y los lleva al fracaso escolar", explica.

Y ofrecer becas para el ocio educativo como el programa VECA con el que se compensa el "olvido veraniego" que sufren sin posibilidades de aprendizaje cultural, viajes o una alimentación equilibrada, del que ya se han beneficiado más de 46.000 niños.

Consciente de que el problema de la pobreza infantil es de toda la sociedad, el Alto Comisionado quiere diseñar una Alianza de País con el Tercer Sector y el mundo empresarial para buscar su implicación y la financiación necesaria para erradicar la pobreza.

Numerosos estudios corroboran que las inversiones en la lucha contra la pobreza resultan fiscalmente rentables, al producirse retornos económicos en forma de crecimiento económico, reducción de gastos sanitarios y de seguridad ciudadana.

"Nuestros niños son los adultos de mañana, y una sociedad que ignora el problema de la pobreza infantil está sentando unas bases muy frágiles para construir una sociedad económicamente competitiva", concluye Marí-Klose.