El número de niños y adolescentes acogidos en centros de protección en España se ha incrementado un 70 % desde 2015 al pasar de 13.596 a 23.209 menores en 2019, de los que el 49 % (11.380) son menores migrantes no acompañados.

Son datos del último Boletín Estadístico del Sistema de Protección a la Infancia, publicado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que este miércoles ha recordado la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (Aseaf).

Lo ha hecho después de que la semana pasada el Congreso aprobara una proposición no de ley en la que instaba al Gobierno a impulsar el acogimiento familiar entre los menores extranjeros que viajan solos por ser "un colectivo especialmente vulnerable".

"La prevalencia del acogimiento residencial frente al familiar no es exclusivo de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados", advierte la asociación, que remarca que el grado de vulnerabilidad de los menores dentro del sistema de protección "no depende en ningún caso de su origen o lugar de procedencia".

Desde 2015, el número de niños y adolescentes acogidos en centros de protección en España se ha incrementado un 70 % al pasar de 13.596 a 23.209 menores en 2019, mientras que los que crecen en una familia han disminuido un 4 % (19.320).

La prevalencia del acogimiento residencial frente al familiar opera como una "causa estructural de las violaciones graves y sistemáticas" de los derechos de todos los niños carentes de un entorno familiar, advierte Aseaf, que subraya que esa modalidad sigue siendo la predominante para el 83 % de los menores que entran en el sistema.

Unas cifras que se contraponen al mandato legal que prioriza el acogimiento familiar sobre el residencial (en especial para los menores de 6 años), indica la presienta de la asociación, María Arauz de Robles, lamenta que el cambio normativo en 2015 de la ley del menor no haya supuesto "un cambio de paradigma" en el sistema.

"Nos encontramos ante una oportunidad histórica de abordar la desinstitucionalización de la infancia tutelada en España, con una ley que prioriza el acogimiento familiar y un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que, dotado con fondos europeos, contempla la transformación del sistema de protección a la infancia en España", remarca.