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RESIDENCIAS MAYORES

Minihogares sin sujeciones: las nuevas residencias de Castilla y León

Las residencias de mayores y personas con discapacidad de Castilla y León contarán con "minihogares" con un máximo de doce plazas, no tendrán sujeciones físicas ni químicas, y serán los usuarios los que decidan qué tipo de atención quieren recibir y definir su modelo de vida. ,Estas son algunas de las novedades del borrador de anteproyecto de Ley de Atención Residencial en Castilla y León, que ha presentado este viernes en rueda de prensa la consejera de Familia e Igua

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 15:02

Las residencias de mayores y personas con discapacidad de Castilla y León contarán con "minihogares" con un máximo de doce plazas, no tendrán sujeciones físicas ni químicas, y serán los usuarios los que decidan qué tipo de atención quieren recibir y definir su modelo de vida.

Estas son algunas de las novedades del borrador de anteproyecto de Ley de Atención Residencial en Castilla y León, que ha presentado este viernes en rueda de prensa la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, que además plantea una baremación de los centros por la evaluación de su calidad, para que los usuarios conozcan los mejores y peores, y que determinará los conciertos en el caso de las residencias privadas.

Durante 20 días naturales el borrador colgará del gobierno abierto de la Junta para recibir aportaciones, y se prevé que el Consejo de Gobierno regional apruebe el anteproyecto a final de este año o principios de 2022 para posteriormente pasar a las Cortes para su tramitación final.

Blanco ha explicado que se trata de la primera ley de atención residencial que se tramita en una autonomía tras la covid, que se ha "hablado y coordinado" con el Ministerio, y que quiere servir de referencia marco nacional y para el resto de comunidades que están desarrollando este tipo de legislación.

El objetivo es definir el modelo de cuidados de larga duración para las personas vulnerables, con un enfoque ético, ya que se eliminan las sujeciones físicas y químicas, salvo casos de extrema necesidad en los que se perjudique la salud de los residentes; y una apuesta por la innovación y calidad de los cuidados, en una Comunidad en la que hay 41.500 personas en centros residenciales públicos y privados.

El modelo residencial, que en su desarrollo en ratios de profesionales, tipología y competencias dependerá de lo que fije el consejo interterritorial de Servicios Sociales, se basa en las unidades de convivencia, que ya funciona con 168 unidades implantadas y 32 previstas para los próximos meses; y deberá implantarse en los nuevos centros que se construyan y se dará un plazo a los existentes para su adaptación.

Los centros deberán distribuir sus estancias en tres áreas, la primera esas unidades de convivencia, con habitaciones individuales, salvo que por expreso deseo del usuario se les asigne uso doble y zonas comunes para cocina, comedor y sala de estar.

Estos "minihogares" no podrán superar una ocupación máxima de 12 plazas, y tendrán siempre el mismo personal de referencia, frente a las rotaciones actuales.

La segunda área serán los espacios comunes, reservados para equipamientos generales, y ahí se ubicarán la sala de actividades y las dependencias de dirección y administración; y la tercera se habilitará para servicios generales, como la recepción y el control, o los de carácter hotelero, comunes a todo el centro.

Los centros, que en el apartado sanitarios serán atendidos por el sistema de salud de la comunidad, sin perjuicio de que exista personal médico propio con las ratios que indique el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales, contarán con dos nuevas figuras en su personal, el profesional de referencia encargado del proyecto de vida de cada usuario y el gestor del caso, que será el que coordine las relaciones entre él anterior, el residente y la familia.

El anteproyecto recoge algunas mejoras normativas introducidas en la Comunidad ante la covid, de forma que será obligatorio que las residencias de nueva construcción sectoricen las estancias en unidades de pequeño tamaño, cuenten con un plan de contingencias para frenar la expansión del virus y dispongan de una reserva estratégica de material de protección.

El borrador incluye además un sistema de evaluación permanente de la calidad de esos centros, que tendrán en cuenta los resultados en la calidad de vida de sus usuarios y la contribución de los apoyos profesionales y los servicios prestados, lo que dará lugar a una baremación de los centros, para que los usuarios conozcan los centros mejor y peor valorados.

Y esas notas serán determinantes para que las residencias de titularidad privada puedan acceder a la concertación de servicios con la administración. EFE

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