Un total de 48.186 ciudadanos (hasta este jueves 15 de abril a las 19:53 h.) han apoyado la petición del experto en cuidados paliativos, Dr. Ángel José Sastre, dirigida al Tribunal Constitucional pidiéndole que suspenda cauterlarmente la ley de eutanasia y declare su inconstitucionalidad. El doctor Sastre ha difundido su petición a través de la plataformaDerecho a Vivir con la denominación Tribunal Constitucional: suspenda la ley de eutanasia.

“Con esta iniciativa” -explica el doctor Sastre-”he querido invitar a los ciudadanos a que se sumen a la petición que anteriormente han realizado al Tribunal Constitucional médicos y expertos en bioética. Todos pedimos al Tribunal Constitucional la suspensión inmediata de la ley de eutanasia por medio de un manifiesto, y también apoyados por la campaña de ‘Derecho a Vivir’ que ya hemos firmado miles de facultativos y más de 48.000 ciudadanos”, explica el doctor Sastre.

“Soy el primer firmante de esta petición ciudadana. Y me uno a los profesionales que, hemos recopilado, desde una perspectiva científica, las aberrantes irregularidades que supondrá esta ley” señala el médico paliativista y añade:

“Ha sido aprobada mediante un procedimiento parlamentario no adecuado, (como proposición de ley) para regularizar la eutanasia por la vía rápida y eludir el profundo debate que requiere este dilema moral”.

“Crea una situación de inseguridad jurídica sin precedentes para las personas más frágiles: los 80.000 españoles demandantes de cuidados paliativos que mueren cada año sin poder recibirlos. Supone una quiebra absoluta del pacto social entre ciudadanos y Estado”. “Viola frontalmente el derecho a la vida recogido en el artículo 15 de la Constitución Española”.

“La ley de eutanasia recientemente aprobada impondrá a los médicos el deber de obedecer los deseos suicidas de los pacientes terminales contradiciendo taxativamente el juramento hipocrático y el código ético deontológico de los profesionales sanitarios”, señala el doctor Sastre.

Y concluye, “el Tribunal Constitucional tiene el deber de fallar contra la ley de eutanasia si ataca a los derechos fundamentales. Esa es su función y es una premisa que otras instituciones públicas de nuestro entorno asumen y ejercen con naturalidad, como hizo el Tribunal Constitucional de Portugal que, en efecto, declaró inconstitucional la ley de eutanasia aprobada por el parlamento”.