Un total de 266 huérfanos de la violencia machista no pueden acceder a la prestación completa por "orfandad absoluta" tras el asesinato de su madre porque el agresor no ha sido su padre, sino otra pareja o expareja de su progenitora.

La Fundación Mujeres y el Fondo de Becas Soledad Cazorla han indicado que la puesta en marcha de la ley de mejora de la situación de orfandad de los hijos de las víctimas de violencia de género ha supuesto una considerable mejora para muchas familias, ya que ha tenido impacto en 105 casos desde su entrada en vigor en marzo de 2019, pero aún "es "mejorable", ya que da pie a discriminaciones.

Y es que los menores huérfanos no pueden acceder a una prestación completa, por "orfandad absoluta asimilable", si el condenado por el crimen no es su padre sino otra pareja de su madre o si alguien de su familia los adopta tras el asesinato.

Además, la ayuda está condicionada al nivel de renta de las familias.

La ley 3/2019 introdujo dos figuras para mejorar la situación de orfandad de los menores que hayan quedado huérfanos porque su madre ha sido asesinada en un crimen machista: una prestación no contributiva y el incremento de la pensión en los supuestos en que las prestaciones fueran muy exiguas.

Desde marzo de 2019, 28 menores han sido beneficiarios de la pensión de orfandad por violencia de género, 36 han recibido prestaciones de orfandad y otro 41 una mejora de las pensiones previas que percibían antes de que se aprobara la ley.

"Esta ley supone una gran mejora de la situación previa, pero hay margen para mejorar la cobertura, que no es universal, está vinculada al nivel de renta y deja fuera algunos supuestos que pueden darse de forma muy habitual, como es el caso de los menores huérfanos en los que el asesino de sus madres no sea su padre, sino otro hombre. Ellos no tienen derecho a prestación", destaca Joaquín García Cazorla.

Entre enero de 2003 y mayo de 2020, mil mujeres fueron asesinadas dejando 1.494 hijos huérfanos, tanto menores como mayores de edad. El 49 % tenía hijos menores y el 75,2 % eran madres.

En ese periodo, 765 menores quedaron huérfanos por la violencia machista: en 266 de esos crímenes, el agresor no era su padre, sino otra pareja o expareja de su madre.

Tampoco pueden recibir la prestación íntegra en el caso de que alguno de sus familiares les adopte, ya que pierden la condición de huérfanos absolutos.

"Creemos que sería interesante ver la posibilidad de ampliar la cobertura de la ley 3/2019 a mayores supuestos porque se producen diferencias poco explicables incluso dentro de una misma familia en la que haya hijos de distintas parejas", ha afirmado la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, durante la presentación este lunes del IV Informe anual del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto.

"El daño de la pérdida de la madre es igual para todos los hermanos, independientemente de que el padre no fuese el asesino", ha añadido.

Ahora bien, Soleto ha destacado el efecto que las ayudas de la ley han tenido en algunas familias, que han pasado de no tener un euro a recibir 700: "Ha sido la diferencia entre la pobreza y poder vivir. Para las familias muy pobres y vulnerables ha representado un antes y un después", ha reconocido.

Soleto ha subrayado que existe una gran falta de información relativa a los huérfanos de la violencia de género y ha resaltado la dificultad de llegar a todas las familias afectadas para darles información sobre las ayudas que pueden recibir.

"No sabemos cuántos huérfanos se quedan fuera de la cobertura, no hay información suficiente", ha lamentado. A su juicio, se trata de un colectivo pequeño que debería representar una preocupación mayor para las instituciones.

Por ello, ha vuelto a solicitar un mejor sistema estadístico.

PROPUESTA DE MEJORAS LEGISLATIVAS

Desde la Fundación Mujeres se pide que los poderes públicos den una mayor protección a estos huérfanos, también en el ámbito patrimonial, porque el sistema de la reparación del daño es muy débil y las indemnizaciones no suelen hacerse efectivas y requiere la construcción de un "entorno más seguro" y con más ayudas.

Entre las modificaciones legales que sugieren se encuentra el cambio del reglamento de la fiscalidad de transmisión de bienes para que se incluya una exención fiscal cuando los huérfanos reciban como indemnización una dación en pago. También una modificación de la ley de enjuiciamiento civil y medidas cautelares de protección patrimonial.

Una vez más, la Fundación Mujeres ha hecho hincapié en la necesidad de prohibir que los menores víctimas de la violencia machista se vean obligados a visitar a sus padres en prisión.

Y ha solicitado que la futura ley de protección integral de la infancia y la adolescencia considere las situaciones específicas de los menores que viven en entornos de violencia de género, no sólo para que sean reconocidos como víctimas sino para incluir medidas que incidan en la reparación del daño y su normal desarrollo.

En cuanto a la actividad del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla, desde que comenzó hace cuatro años, se han tramitado un total de 60 ayudas a los huérfanos de la violencia de género, por un importe que asciende a 105.000 euros, de los que se benefician un total de 23 familias.