El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido que las diferencias en el número de menores extranjeros no acompañados (MENAS) no "oculte" la "realidad del problema" que, a su juicio, tiene que afrontarse con "solidaridad y corresponsabilidad", después de que este miércoles, la Comunidad de Madrid se quejara de que el Gobierno no vaya a entregarle ningún euro de los 40 millones previstos para la mejora de la atención a estos menores en las CCAA.

"El hecho de que haya unas diferencias en el número de los menores sometidos a la protección de las distintas administraciones no puede ocultar la realidad del problema, que el conjunto de administraciones nos tenemos que hacer cargo en términos de solidaridad", ha subrayado este jueves 18 de octubre en declaraciones a los medios.

Así lo ha precisado tras su intervención en la Jornada Nuevos Retos en la Lucha contra la Violencia a la Infancia desde el ámbito institucional y judicial, organizada en Madrid por la Fundación Mutua Madrileña y la Asociación Profesional de la Magistratura.

La Comunidad de Madrid informó ayer de que el Gobierno le había comunicado que no recibiría dinero de los 40 millones de euros extra aprobados por el Ejecutivo para la mejora de la atención a los MENAS, que ya son más de 11.100 en España. Esta decisión la justificaba el Gobierno asegurando que desde diciembre del año 2017 no ha llegado ningún MENA a la Comunidad de Madrid. Sin embargo, esta asegura haber atendido en lo que va de año a más de 1.000 menores, el doble del mismo período del año anterior.

En todo caso, el ministro del Interior ha insistido en que más allá del baile de cifras en el número de estos menores protegidos en las distintas administraciones, especialmente la autonómica, "lo primero" es "ponerse de acuerdo" y la "solidaridad y corresponsabilidad de todas las administraciones en garantizar el interés, la protección y el bienestar de estos menores".

DEVOLUCIONES SUMARIAS

Por otro lado, Marlaska ha indicado que la cuestión de las "devoluciones en caliente" debe situarse en el marco de la reforma de la Ley de Extranjería y no de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza' por sus detractores.

Además, al tratarse de la política de control de flujos migratorios que es "una política común de la Unión Europea" y de una materia de Derechos Humanos y libertades fundamentales, el ministro ha instado a esperar a la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que resolverá próximamente sobre el caso de dos subsaharianos expulsados de forma sumaria en 2014 tras saltar la valla de Melilla.

Una vez haya resuelto el Tribunal de Estrasburgo, el Gobierno tendrá que abordar esta cuestión "en el ámbito concreto de la reforma de la Ley de Extranjería" y no de "la Ley mordaza o Ley de seguridad ciudadana, independientemente de que fue utilizada para una reforma de la Ley de Extranjería", según ha precisado el ministro.