El 4 por ciento de los reclusos en cárceles españolas presenta trastornos mentales graves, de los cuales alrededor del 16 % vive de manera habitual en las enfermerías de los centros penitenciarios al existir el riesgo de conductas peligrosas. Así consta en una respuesta del Gobierno al diputado de EH Bildu en el Congreso Jon Iñarritu, en la que se desglosa por prisiones los 1.834 internos con este diagnóstico que figuran en el Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales (PAIEM).

En torno al 4,2 % de los encarcelados en España ha sido valorado por los servicios médicos de las prisiones con al menos un trastorno de carácter grave, estima el Ejecutivo en la réplica por escrito. El 38,7 % tiene una patología dual; el 37,3 %, un trastorno psicótico; el 29,7 % de personalidad; el 16,7 %, afectivo, y el 12,4 % de otros tipos. Una suma de porcentajes que sobrepasa el cien por ciento debido a que hay internos con más de un diagnóstico. Alrededor del 16 % de los enfermos mentales graves reside en los espacios sanitarios de las prisiones (no hay salas exclusivas para los enfermos mentales) "al persistir conductas de riesgo" y comportamientos que "interfieren significativamente con el funcionamiento diario". El resto habita en los módulos y lleva una vida normal, si bien necesitan "seguimiento y participación en las actividades terapéuticas" del Programa de Atención.

La distribución por centros penitenciarios sitúa a las siete cárceles de Madrid con 169 presos en lo más alto del registro del PAIEM, seguida de Valencia, con 162; Castellón, 138; Teixeiro (A Coruña), 104; Sevilla, 92, y Las Palmas, donde hay 77 internos.

Para la aplicación de la libertad condicional a los encarcelados con trastornos, como recoge la Ley Orgánica General Penitenciaria, el Gobierno señala que son los médicos quienes deben informar a la Junta de Tratamiento si procede aplicar esa medida. "Cuando se trate de enfermos muy graves con padecimientos incurables se incluirá en el expediente el informe médico acreditativo de la enfermedad, así como de la gravedad e irreversibilidad de la misma", indica la normativa.

Instituciones Penitenciarias ha reclamado en repetidas ocasiones a las comunidades autónomas una mayor implicación con los internos con discapacidad en las prisiones, que alojan a más de 4.800 personas con algún tipo de discapacidad. La discapacidad psíquica es el trastorno más repetido (33,7 %), por delante de la física (26,1 %), intelectual (7,5 %) y sensorial (2,7 %). Los pluridiscapacitados representan el 29,9 %.

No obstante, el 26 % de los reclusos discapacitados ingresan en prisión sin haber sido reconocidos como tales, una situación criticada en mayo por el secretario general de Prisiones, Ángel Luis Ortiz, durante un seminario del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Ortiz puso de manifiesto que la detección de la enfermedad es "de vital importancia" para el preso, pues puede influir en las fases de instrucción, enjuiciamiento y ejecución del proceso penal. "Es lamentable -aseguró- que haya personas que lleguen a prisión sin que su situación tenga reflejo en la sentencia condenatoria", e hizo hincapié en la diferencia entre "una pena privativa de libertad de la imposición de una medida de seguridad". Por tanto, zanjó, "es una responsabilidad de todos situar a la persona con discapacidad en el lugar más adecuado".