Impulsar el liderazgo de las nuevas generaciones, especialmente de los jóvenes en la diáspora -aquellos que han nacido o crecido en Europa pero cuya familia procede de países donde se practica la ablación- es clave para acabar con esta práctica que afecta cada año a 200 millones de mujeres en el mundo.

Es uno de los retos que se han puesto este miércoles sobre la mesa en la VIII Jornada "Hacia el fin de la mutilación genital femenina: Desafíos para la transformación social", organizada por la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF), en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con motivo del Día Internacional Tolerancia Cero a la MGF.

Durante la presentación de la jornada, la directora general de Integración y Atención Humanitaria del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Estrella Rodríguez, ha anunciado que el Gobierno va a recuperar la Estrategia de Ciudadanía e Integración, que "estaba en el olvido" después de "unos años de sequía" (la vigencia de la anterior era 2011-2014).

Rodríguez ha adelantado a Efe que espera que el nuevo Plan Estratégico esté listo "en unos meses", con el objetivo de poner "otra vez en la agenda política" la integración de los inmigrantes, y uno de los asuntos que abordará será el de la mutilación genital.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) denuncia que cada minuto, cuatro mujeres en el mundo son sometidas a ablación. Naciones Unidas estima que 44 millones de menores de 14 años han sufrido mutilación genital, especialmente en Mali, Gambia, Mauritania e Indonesia.

En España, se estima que 17.000 niñas están potencialmente en riesgo de ser mutiladas, procedentes principalmente de Camerún, Gambia, Ghana, Guinea, Mauritania, Nigeria y Senegal, que residen mayoritariamente en Cataluña, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Aragón.

Por ello, desde UNAF se considera que las personas jóvenes en la diáspora "constituyen un valioso puente entre dos culturas y un referente fundamental para impulsar una transformación sociocultural que incorpore el enfoque de salud e igualdad de derechos entre hombres y mujeres".

"El diálogo intergeneracional contribuye al cuestionamiento de esta práctica, aportando conocimiento sobre sus graves consecuencias para la salud frente a las falsas creencias y mitos que la sustentan", ha señalado Ascensión Iglesias, presidenta de UNAF.

Y es que, según UNAF, las tradiciones pueden cambiar con el paso del tiempo. De hecho, al menos 5 millones de mujeres y hombres de 1.900 comunidades en más de 16 países de África han abandonado esa práctica porque se han dado cuenta de que es perjudicial para la salud y la vida de las niñas y mujeres.

La ablación en España está penada con 6 a 12 años de cárcel y la pérdida de la custodia de las hijas. La ley se aplica igualmente a las personas que participan de alguna manera organizando o haciendo de intermediarios y también tiene vigencia cuando se realiza en otros países.

Además, las mujeres y niñas afectadas o en riesgo de mutilación tienen derecho de asilo en nuestro país por motivos de género.

En 2015 se aprobó un "Protocolo Común para la Actuación Sanitaria en relación con la mutilación genital femenina", que solo hace referencia al ámbito sanitario, mientras que también existen algunos protocolos autonómicos que facilitan el trabajo preventivo y la coordinación de los profesionales de los diferentes ámbitos.

La directora de la AECID, Aína Calvo, ha hecho hincapié en que para erradicar esta "lacra" es fundamental reforzar el conocimiento de los derechos humanos mediante la educación y la información, "paso previo imprescindible para modificar actitudes sociales e individuales".

UNAF ha incidido en que cualquier mujer que haya sufrido una mutilación genital o que conozca a alguna afectada puede informar a su médico de cabecera, enfermera o matrona para recibir apoyo y el cuidado necesario y les recuerda: "Nadie te va a juzgar, te tratarán con respeto y te ofrecerán la información y atención que necesites".