Ana Rodrigo

La ley de protección a la infancia y la adolescencia, que busca acorralar el maltrato que acecha a uno de cada cuatro niños en España y obliga a todos los ciudadanos a denunciarlo, será una de las primeras leyes aprobadas por el Parlamento en 2021.

La norma, bautizada como "ley Rhodes", ha sido tramitada por el procedimiento de urgencia y cuenta con el consenso de partidos y sociedad civil para combatir esa violencia oculta de la que apenas se llega a conocer el 15 por ciento.

Será obligatorio para todos los ciudadanos comunicar cualquier sospecha de maltrato y para evitar que muchos de los delitos más graves prescriban -ya que la mayoría de las denuncias se presentan en la edad adulta-, el plazo empezará a contar cuando la víctima cumpla 30 años y no 18 como hasta ahora.

La ley integral de la infancia llegó en junio a la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso, hasta octubre se han presentado cientos de enmiendas parciales para mejorarla y está pendiente de ponencia y aprobación en comisión y pleno, antes de enviarla al Senado.

Fuentes parlamentarias subrayan el deseo unánime de todos los grupos de acelerar esa tramitación para que la ley pueda estar lista en unas semanas; una norma aplazada en varias ocasiones y que llega al Parlamento con el acuerdo desde 2017 de organizaciones de infancia, sociedad civil y partidos políticos.

Se trata de una asignatura que España tiene pendiente desde que el Comité de Derechos del Niño reclamó su elaboración hace más de diez años por la urgencia -ya entonces- de mejorar la protección de los menores.

OTRAS CLAVES DE LA LEY INTEGRAL

- Incluye una definición amplia de violencia: cualquier tipo de maltrato físico, psicológico y emocional, los castigos físicos o el trato negligente, y convierte a la infancia en un bien colectivo de especial protección, situando a los menores como titulares de derechos subjetivos.

- Persigue delitos cometidos a través de internet, incorporando la incitación al suicidio, a cometer infracciones sexuales, delitos de odio o la promoción de trastornos alimenticios.

- Los colegios tendrán normas claras sobre cómo actuar ante el acoso escolar, y la Policía y los jueces, formación para detectar y abordar las situaciones de maltrato infantil.

- Habrá un coordinador de bienestar y protección en los centros educativos para asegurar el adecuado funcionamiento de los protocolos frente al acoso, ciberacoso, violencia de género y cualquier otra forma de violencia.

- Se crea un Registro Central de Información sobre la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.

- Se endurecen las condiciones para el acceso al tercer grado de clasificación penitenciaria, a la libertad condicional y a los permisos penitenciarios a las personas penadas por delitos que atenten contra la indemnidad y libertad sexuales de personas menores de dieciséis años.

- Se priva de la patria potestad a los penados por homicidio o por asesinato cuando el autor y la víctima tuvieran en común un hijo y cuando la víctima fuera descendiente del autor.

AÚN SE PUEDE MEJORAR MÁS, SEGÚN LAS ONG DE INFANCIA

La responsable de Incidencia Política y Estudios de UNICEF, Cristina Junquera, cree que "es una ley imprescindible, que va a cambiar la vida de los niños y generar entornos protectores, contribuyendo a erradicar la violencia".

"Su carácter integral implica prevención, detección, actuación y recuperación de las víctimas, pero además es una ley que va a permitir que se conciencie a la sociedad y se implique en garantizar entornos protectores", añade.

Pero opina que se deben mejorar aspectos, como incluir "explícitamente a niños migrantes no acompañados, refugiados y solicitantes de asilo". "Deben estar nombrados como menores que pueden sufrir violencia y tienen ese triple ámbito de desprotección".

Apuesta también por crear en los centros de menores la figura del coordinador, como la de los colegios, que garantice los canales de denuncia, y reclama una memoria económica desglosada que garantice los mecanismos que la ley prevé poner en marcha.

Desde la Plataforma de Infancia, Almudena Escorial, responsable de Incidencia, propone eliminar obstáculos en los procesos para que un niño que sufre violencia pueda ir a denunciarlo, creando un defensor judicial que salvaguarde los intereses del menor.

"La ley debe permitir que los niños puedan presentar siempre las denuncias y no hacerlo depender de la valoración sobre su madurez que haga un funcionario".

Otra de sus propuestas es dotar de mayores garantías a las familias en los procesos de riesgo de desamparo y retirada de tutelas. "Conocemos sentencias que establecieron que la retirada de tutela no se hizo bien, pero han pasado cinco años desde entonces y los niños están en otra familia", alerta. EFE

arv/bal

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 12547137, y otros)