Los grupos parlamentarios se han enzarzado por enésima vez en un agrio debate en torno a la okupación, esta vez al abordar la "ley integral" del PP que busca endurecer la persecución de este fenómeno y al que PSOE y Unidas Podemos han acusado de incentivar el miedo y la propaganda sin datos reales.

A falta de la votación final, el pleno de la Cámara Baja ha debatido la toma en consideración de la proposición de ley contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal, la denominada "ley integral" que avanzó el pasado julio el líder del PP, Pablo Casado.

Tras fracasar hace meses las iniciativas de Vox y Ciudadanos, este martes le ha tocado al PP con una propuesta que ha sacado a relucir, una vez más, las posiciones antagónicas de varios grupos del hemiciclo que se han lanzado duros reproches, ya sea por "complicidad hacia los okupas" y "amparar los delitos" o por "proteger a los fondos buitre" y "agitar una campaña del miedo".

El PP ha arremetido contra el Gobierno porque hasta la fecha "las únicas medidas de vivienda aprobadas son un ataque claro a la propiedad privada" que buscan "proteger a los okupas", de manera que ha reclamado a PSOE y Unidas Podemos que "no confundan" porque "desalojar a un okupa no es un desahucio, es recuperar un bien".

Su "ley integral" apuesta por un desalojo inmediato para que "en menos de 12 horas un okupa a la calle", por recuperar el delito de usurpación con penas de prisión, por prohibir a los ayuntamientos que empadronen a los que okupen un inmueble y, como principal novedad, por permitir a las comunidades de vecinos que puedan intervenir y denunciar en caso de que el propietario esté ausente.

Todo ello, según el PP, para "no convertir a nuestro país en un paraíso okupa", por lo que han pedido a los socialistas que se posicionen "si están con los que amparan el delito o con los que lo perseguimos", porque esta ley "la reclama toda la sociedad".

Pero este diagnóstico no lo defiende el PSOE que cree que "el PP ha generado una alarma" basada en "mera propaganda que han creado artificialmente para tratar de desgastar al Gobierno pero que no se sustenta en ningún dato real".

De hecho, los socialistas han sacado pecho porque, según han defendido, "ya se han articulado instrumentos jurídicos necesarios para combatir la okupación ilegal", por eso han tachado la propuesta de "superflua e innecesaria" dado que el Ejecutivo ya "combate este delito con eficacia" y buscando "proteger a los propietarios".

Nada comparte Podemos de esta iniciativa que ve "insultante" y ha tildado de "ley Colón", pero que ha abordado no desde la óptica de la okupación sino de la infravivienda subrayando que esta norma persigue la "criminalización de la pobreza". "No están contra la pobreza sino contra los pobres" ha dicho Rafael Mayoral para quien "la pobreza no se combate con cárceles sino con políticas sociales".

Por este discurso han apostado también otros grupos, como BNG y Compromís reprochando al PP que "magnifique" un problema que "no es prioritario" para los españoles por "un miserable puñado de votos", a cambio de "hacer de Robin Hood para los ricos".

O, como ha dicho Bildu, a favor de "los grandes tenedores" se pretende "perseguir a quien busque un techo para poder dormir"; misma postura que defiende ERC que ve esta iniciativa como una fórmula "para atizar el miedo a los pequeños propietarios para reformas de las que se beneficiarán empresas y bancos".

En el extremo contrario se ha posicionado Vox, que considera a los okupas como "delincuentes protegidos por este Gobierno" si bien "este problema en frutos del bipartidismo" y su solución pasa por dar "a los okupas patada en el trasero de una manera inmediata".

Menos beligerantes han sido Ciudadanos, que ha hecho hincapié en "la realidad social que sufren muchas familias" por la carestía de una vivienda subrayando que "la solución para la crisis de la vivienda no puede ser la okupación"; y el PNV que ha puesto el foco en la okupación pero también en las situaciones de especial vulnerabilidad, aunque han sido críticos con la reforma del PP. EFE