Óscar R. Ventana

Los poderes públicos legislan pensando en los habitantes-votantes de las ciudades, en una especie de tendencia "urbanocentrista", de la que este viernes se han quejado en Soria varios expertos integrantes del denominado grupo "G100", dentro del proyecto "Mecanismo Rural de Garantía", que ha desplegado sus conclusiones sobre la situación actual de los pueblos más pequeños.

¿Cómo influye en la despoblación del medio rural que las leyes educativas decidan que niños de 12 años tienen que ir al instituto? ¿Es posible emprender desde el medio rural a través de la tecnología? ¿Es la ley igual para todos? ¿Debe serlo? ¿Se lo toman en serio los políticos?

Son preguntas que han quedado en el aire de la IV Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural pero que han sido objeto de análisis durante meses por parte de este grupo de expertos, convencido de que el medio rural tiene oportunidades, pero necesita de un cambio de mentalidad en el ámbito político y legislativo, en España y Europa.

"Muchas veces los aparatos de los partidos piensan más en sumar alcaldes que en la política municipal, que tiene que ser un fin en sí mismo y no un trampolín para conseguir otras cosas", ha sentenciado Marina Fernández, integrante del "G100" -cincuenta mujeres y cincuenta hombres que tratan de diseñar una nueva ruralidad-.

Lo que denominan "Mecanismo Rural de Garantía" no es más que, a la hora de legislar, tener en cuenta el impacto que esa normativa puede tener en el medio rural y, en concreto, si va a provocar que el problema de la despoblación de los pequeños municipios se pueda acentuar.

"Hay que legislar para las ciudades, por supuesto, pero también para los pueblos: una mala legislación, una legislación que no tenga en cuenta esa visión rural puede dar al traste con cualquier política que se haga en torno al reto demográfico", plantea una de las conclusiones de este informe.

Algo así como la perspectiva de género en las leyes, que también trata de abrirse paso entre los tomos legislativos, pero aplicado al problema de la despoblación, para que una ley de subvenciones o una ley fiscal entienda que ayudar determinadas actividades puede conllevar un desequilibrio en el territorio si no se pone la mirada en el impacto que puede tener en el ámbito rural.

Los ponentes se han esforzado en trasladar la idea de que es necesaria cierta discriminación positiva para que las oportunidades lleguen también a los pueblos más pequeños y una gran extensión de terreno en el interior de España quede prácticamente desertizada.

En otra de las mesas redondas, el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha lamentado que los esfuerzos para implantar esta mirada rural en el ámbito gubernamental esté aún "en lo epidérmico", y ha demandado, por ejemplo, que en el despliegue del 5G no se incurra de nuevo en comenzarlo por las ciudades en lugar de los sitios donde "no hay absolutamente nada", ya que de ese modo la brecha digital se mantendrá y no se corregirá entre medio rural y el medio urbano.

"Hay que evitar que una mala legislación bloquee el futuro de nuestros pueblos, no les deje crecer o, en el peor de los casos, acabe con ellos. Que las leyes no sean iguales para todos es una cuestión de justicia, de cohesión territorial y social, y de progreso", han concluido los redactores de este documento de referencia para esta especie de "ruralización de las leyes".