El Consejo de Ministros dará luz verde este martes 6 de julio al proyecto de ley de Garantías de la Libertad Sexual, la conocida como ley del "solo sí es sí". Lo hace más de un año después de su aprobación como anteproyecto de ley. El texto que llega ahora al Gobierno cuenta con una nueva definición de consentimiento "en positivo", tras los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado en sus informes.

En concreto, el consentimiento sexual estará redactado de la siguiente manera: "Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".

Desde el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, se asegura que esta fórmula está en la línea de la definición que da el Convenio de Estambul en su artículo 36.2. Además, afirman que este modelo de consentimiento en positivo ya ha sido acogido por otros países como Suecia o Gran Bretaña.

El argumento que da el Ministerio para modificar la ley vigente es que, una vez entre en vigor la nueva norma, las víctimas "ya no tendrán que acreditar que se han resistido o que ha habido violencia". Además, en la nueva legislación se elimina la figura del abuso sexual, por lo que, a partir de ahora, "todo acto sexual sin consentimiento será agresión".

En su habitual labor propagandística, el Ministerio de Irene Montero elige aprobar la nueva ley coincidiendo con los aniversarios del asesinato de Nagore Laffarge y de la violación de la conocida como La Manada en los Sanfermines.

Una ley con "perspectiva feminista"

El texto, además, cumple con el Convenio de Estambul al situar el consentimiento en el centro, apunta Igualdad, que también destaca que España liderará con esta ley "la vanguardia de los derechos de las mujeres en Europa con una clara perspectiva feminista y de derechos humanos".

En este sentido, destacan algunos puntos clave que también recoge esta ley, como la protección a todas las mujeres, niñas y niños con independencia de su situación administrativa, su etnia o nacionalidad, así como a las víctimas de trata y explotación sexual bajo la premisa "todas las violencias, todas las mujeres".

La ley modificará también la lucha contra la trata de mujeres, porque incorpora la tercería locativa, que permitirá perseguir a los proxenetas que, de manera habitual y con ánimo de lucro, destinen cualquier establecimiento o espacio público o privado para la explotación sexual de terceras personas.

Del mismo modo, se evita la revictimización desarrollando medidas procesales de acompañamiento a las víctimas, incluyendo la posibilidad de evitar contacto visual con el presunto agresor o de declarar en salas especiales. Además, las mujeres víctimas de violencias sexuales tendrán recursos a su disposición aunque no denuncien, como los centros de crisis 24 horas, para las mayores de 16 años, o las casas de infancia para los menores de esa edad.

Cambios en las penas

La norma, del mismo modo, recoge cambios en el Código Penal, optando por un sistema penológico progresivo y proporcional a la gravedad, con horquillas más amplias. "Esto permite dar una adecuada respuesta penal a la multiplicidad de circunstancias", explica el Ministerio de Igualdad.

El equipo de Montero cree que esta norma da también "una respuesta más amplia y acorde a las múltiples manifestaciones de violencias sexuales", desde las más "leves" a las más "graves" y recoge, además, "un catálogo de agravantes específicas, entre las que se encuentran las agresiones grupales, la existencia de una grave violencia o un daño también grave a la víctima" en los términos del artículo 46 del Convenio de Estambul, la especial vulnerabilidad de esta, o el uso de armas o medios peligrosos.

El Congreso la tramitará en septiembre

Más de un año después de que el Consejo de Ministros aprobara el anteproyecto de esta ley, y tras pasar por la consulta pública, la Fiscalía, el CGPJ y el Consejo de Estado, como requiere la tramitación, el Gobierno ratificará esta norma para que inicie, ahora, la fase de tramitación parlamentaria.

Tal y como ha señalado Igualdad, el texto comenzará su tramitación en el Congreso, previsiblemente, el próximo mes de septiembre, en un proceso en el que recibirá las aportaciones de los diferentes grupos parlamentarios.

Pero el recorrido de la reforma de los delitos sexuales va mucho más allá, ya que comenzó a idearse tras la polémica sentencia a la Manada de Sanfermines dictada por la Audiencia Provincial de Navarra. En abril de 2018, el Gobierno de Mariano Rajoy, a través de su ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció que analizaría la tipificación de los delitos de abuso y agresión en el Código Penal.

Pero la propuesta encargada a la Comisión General de Codificación llegó a manos de la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, con el cambio de gobierno al que dio lugar la moción de censura. Aún así, la reforma se hizo esperar. No fue hasta la posterior llegada del Gobierno de coalición PSOE-Podemos cuando vio la luz en forma de anteproyecto de Ley de Libertad Sexual.

El texto ha sido impulsado por la ministra de Igualdad, Irene Montero y revisado por el Ministerio de Justicia, que dirige Juan Carlos Campo y va a tardar más de un año en ser remitido finalmente a las Cortes.