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Las autonomías del PP se coordinan contra la Ley del Sistema Universitario

Las cinco comunidades autónomas gobernadas por el PP han decidido coordinarse contra la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que entrará en vigor próximamente, que consideran que ha causado "desasosiego, incertidumbre y preocupación" en el sistema universitario español.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 17:38

Las cinco comunidades autónomas gobernadas por el PP han decidido coordinarse contra la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que entrará en vigor próximamente, que consideran que ha causado "desasosiego, incertidumbre y preocupación" en el sistema universitario español.

Según han informado los gobiernos de Andalucía, Galicia, Castilla y León, Madrid y Murcia en un comunicado conjunto hecho público este miércoles, esta ley no es sino "otro ataque al Estado, cuya muestra más evidente son las enmiendas de los partidos independentistas aceptadas en la tramitación de la Ley y su satisfacción con la norma".

"Compartimos la preocupación por los efectos adversos que esta Ley pueda provocar durante décadas en el sistema universitario español, lastrando las oportunidades de nuestros jóvenes en el futuro", han explicado estas comunidades, cuyos consejeros de Educación y/o Universidades se han reunido esta semana en Murcia.

Ante una Ley que creen que "aleja de Europa" a la universidad española y que representa "una oportunidad perdida", los cinco gobiernos de autonómicos del PP exigen al Gobierno "que comprometa al menos el 1 % del presupuesto de los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia a la educación superior universitaria, frente al 0,3 % que se destina actualmente", y proponen un PERTE Universitario.

De cara a la inminente entrada en vigor de la norma, se comprometen, entre otras medidas, a coordinar sus desarrollos legislativos para "dar certidumbre" al profesorado, estudiantes, personal de administración y servicios (PAS), familias y sociedad.

También afirman que seguirán manteniendo la Agencia Nacional de Evaluación, Calidad y Acreditación (ANECA) como organismo evaluador y acreditación del personal docente e investigador (PDI) funcionario e invitan a las autonomías del PSOE a que hagan lo mismo.

Del mismo modo, anuncian que reforzarán el papel de los consejos sociales "evitando su politización" y que apostarán por la "profesionalización" de la gestión universitaria por el personal de administración y servicios.

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