La ONG Justicia Alimentaria-Veterinarios sin Fronteras ha lamentado que el TSJC haya "paralizado" el impuesto a las bebidas azucaradas en Cataluña y ha reclamado aumentarlo al 20 % y extenderlo a toda España para combatir la obesidad.

El TSJC decidió ayer estimar el recurso interpuesto por diversas entidades del sector alimentario contra el decreto de la Generalitat que aprobaba el reglamento del impuesto sobre las bebidas azucaradas envasadas, al considerar que el Ejecutivo catalán prescindió de los trámites esenciales de consulta, audiencia e información públicas a la hora de aprobarlo.

La ONG ha lamentado que el TSJC "haya antepuesto los intereses del lobby al derecho a la salud" y ha recordado que dos estudios independientes habían sido concluyentes respecto al éxito de la implementación de este impuesto en Cataluña, ya que el consumo de bebidas azucaradas se había reducido un 25 %.

En un comunicado, Justicia Alimentaria muestra su "alta preocupación" por la sentencia que ha tumbado el impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas, establecido por la Generalitat en 2017, y acusa de ello a las "asociaciones de grandes distribuidoras, supermercados y fabricantes".

La ONG no solo pide que se restablezca este impuesto, sino que aumente al 20 % "tal y como marcan las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS)", y que se haga extensible a toda España como medida para luchar "contra la epidemia de la obesidad y sus enfermedades derivadas".

Justicia Alimentaria ha recordado que las enfermedades relacionadas con la alimentación insana son el primer problema de salud pública, "consumiendo ya el 20 % de todo el gasto sanitario, unos 20.000 millones de euros".

Tanto la Universidad Pompeu Fabra (UPF) como la Escuela Nacional de Sanidad-Instituto de Salud Carlos III (ENS-ISCIII) habían confirmado en sendos estudios una reducción del consumo de bebidas azucaradas al cumplirse un año de la instauración del impuesto específico en Cataluña.

"No podemos todavía creernos que haya sido el lobby el que haya dictado la sentencia, a favor de sus intereses, y en contra del derecho a la salud de millones de ciudadanos, especialmente la población infantil y las clases populares", ha lamentado el director de Justicia Alimentaria, Javier Guzmán, que considera que "el tribunal ha fallado a favor de las empresas y la justicia se ha plegado al poder de la industria".

Guzmán ha pedido a la Generalitat que no se quede "de brazos cruzados", recurra ante el TSJC y mantenga el impuesto.