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DESAHUCIO BARCELONA

Jueces replican que los servicios sociales no garantizan vivienda alternativa

El magistrado Roberto García Cenicero, coordinador de los juzgados de primera instancia de Barcelona, cree "absolutamente injusto" que se les culpe de los desahucios de personas vulnerables cuando hay una "incapacidad manifiesta de todos los servicios sociales" para garantizar una vivienda en esos casos.,García asegura que la moratoria a los desahucios aprobada por el Gobierno raíz de la pandemia "se está aplicando como toca", después de que ayer se suicidara en el barr

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 13:01

El magistrado Roberto García Cenicero, coordinador de los juzgados de primera instancia de Barcelona, cree "absolutamente injusto" que se les culpe de los desahucios de personas vulnerables cuando hay una "incapacidad manifiesta de todos los servicios sociales" para garantizar una vivienda en esos casos.

García asegura que la moratoria a los desahucios aprobada por el Gobierno raíz de la pandemia "se está aplicando como toca", después de que ayer se suicidara en el barrio barcelonés de Sants un hombre que iba a ser desahuciado por no pagar el alquiler, pese a que los informes de servicios sociales acreditaban su vulnerabilidad.

A raíz de ese caso, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha exigido a los juzgados que revisen los criterios con los que deciden aplicar la moratoria vigente para desahucios de personas vulnerables.

En opinión de García Cenicero, los jueces de primera instancia están haciendo un "análisis ponderado" de cada uno de los casos, lo que les obliga a estar permanentemente "casi de guardia", y están aplicando suspensiones "de forma generalizada" a inquilinos que no pueden pagar el alquiler si los informes concluyen que están en situación vulnerable.

Revela que entre los jueces "molesta" que "ciertos líderes políticos estén recriminando la actuación de los juzgados" cuando son el legislativo y el ejecutivo los que deben garantizar los medios para que se pueda procurar una solución habitacional a los afectados.

Según el magistrado, la respuesta de los servicios sociales ante los casos de personas que alegan vulnerabilidad son "intentos de mediación o de recomendación de la suspensión del lanzamiento, pero esa no es la solución, sino dar una cobertura" a los afectados.

"Nos hemos acostumbrado a que su función es solo mediar, pero no basta con la mediación", añade García Cenicero, que advierte de que los servicios sociales "no suelen dar una respuesta rápida" y que hay "listas de espera de años para conceder vivienda social".

García Cenicero cree que cualquier mejora que se incorpore al protocolo antidesahucios sería "bienvenida", pero que la solución al problema de vivienda no puede ser la "moratoria perpetua", por lo que avisa: "Si no hay respuesta final, se va a generar un problema social que ya se nos está viniendo encima".

En el caso del desahucio que derivó en un suicidio, reconoce que seguramente "todos" lo podrían haber hecho mejor, pero recuerda que, aunque contaba con informes de vulnerabilidad de los servicios sociales, el abogado del inquilino debería haber aportado documentación para acreditar cuestiones relativas a su nivel de ingresos y su situación laboral o patrimonial.

Entre sus propuestas para mejorar los protocolos de actuación, sugiere reforzar la comunicación entre los operadores implicados y garantizar que los afectados estén bien informados de los derechos y los abogados actúen de acuerdo con los protocolos, dado que para una suspensión es imprescindible que la defensa presente la documentación oportuna.

"Sería muy fácil aplicar la moratoria si lo único que se tuviera en cuenta es el informe de vulnerabilidad", añade pero recuerda que "el decreto prevé acreditar otras cuestiones", como si el afectado cobra prestaciones sociales, tiene ingresos, está en ERTE, convive con menores, es dependiente o posee otros bienes inmuebles.

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