(Actualiza la NA1222 con más información)

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) considera que la implantación del pasaporte covid en la Comunidad podría incurrir en un "vicio de inconstitucionalidad", por lo que ha instado a la fiscalía y al Ejecutivo aragonés a presentar antes alegaciones a la petición.

Según informa el TSJA, esta es la respuesta de la justicia aragonesa a la petición del Gobierno regional de ratificar la exigencia del pasaporte covid en los establecimientos de ocio nocturno y en los espectáculos públicos con grandes aforos.

A partir de la publicación de la providencia en la que el alto tribunal aragonés plantea un posible vicio de inconstitucionalidad en la medida, las partes a las que se dirige en su escrito disponen de un plazo de diez días para presentar sus escritos de alegaciones y de cinco para recurrir la decisión.

Los magistrados de la sala de lo contencioso-administrativo aseguran tener "las mismas dudas" acerca de la constitucionalidad de la medida que les surgieron en otros recursos anteriores interpuestos contra el establecimiento de restricciones contra la covid.

Admiten que en una de las ocasiones en las que se rechazaron estos recursos y se derivaron al Constitucional, el Supremo anuló su resolución al entender que la forma de proceder del tribunal aragonesa suponía, de hecho, adelantarse a la resolución del Constitucional.

En su nueva providencia, el TSJA acuerda dar traslado a las partes personadas al considerar "pertinente" el planteamiento de una nueva cuestión de inconstitucionalidad ante la persistencia de sus dudas sobre la legalidad de la medida.

"No se trata de generar una situación de bloqueo, tal y como señala la Administración (aragonesa)", señalan los magistrados, para quienes el Gobierno aragonés no queda "inerme" a la hora de adoptar las medidas necesarias "para cumplir con su también función constitucional y, concretamente, para cumplir con su función de luchar frente a la crisis sanitaria".

Según afirman en respuesta al escrito del Ejecutivo regional, "no hay bloqueos, pues la propia administración actúa en cada caso como tiene por oportuno y más correcto, y el tribunal se limita al cumplimiento estricto de lo que la ley le impone.

Insisten en que la ley de la jurisdicción de lo contencioso no permite una solución de "cogobierno" que implique a la justicia "en un proceso de toma de decisiones que sólo compete, por principio, a la administración, tal y como se desprende del artículo 106.1 de la Constitución Española".

Fuentes del Gobierno aragonés han informado que sus servicios jurídicos están analizando la providencia judicial y, al mismo tiempo, "explorando fórmulas" para implantar el pasaporte covid de acuerdo a lo planteado en el escrito presentado ante el TSJA.

En concreto, las autoridades aragonesas plantean reclamar el referido pasaporte en los establecimientos de ocio nocturno, en las celebraciones nupciales, comuniones, bautizos y otros tipos de fiestas sociales, familiares o religiosas en establecimiento de hostelería, así como en los eventos de cualquier naturaleza que reúnan a más de quinientos asistentes en un lugar cerrado o a más de mil en un espacio abierto.