El Gobierno valenciano investiga un posible contagio de hepatitis C y otros virus en las clínicas de iDental tras detectar irregularidades en la esterilización de instrumental y material caducado, y ha propuesto abrir un expediente sancionador contra un establecimiento de la empresa en la ciudad de Valencia.

Así lo ha confirmado la Generalitat en respuesta a Podem, que preguntó a la Conselleria por esta cuestión tras el cierre de las clínicas iDental y ésta respondió que tiene constancia de una denunciante que dice representar a los afectados, pero no lo acredita.

En esa respuesta, Sanidad explica que se ha propuesto iniciar un expediente sancionador contra la clínica de la calle Mariano Cuber de Valencia e investiga otra en Alfafar, tras las inspecciones realizadas, que detectaron irregularidades por uso de material no homologado.

Podem indica que, sin embargo, la Conselleria no contempla de momento ofrecer a los afectados algún tipo de ayuda, según consta en la misma respuesta.

Ante esta situación, el diputado de Podem Jordi Alamán cree que la Conselleria debería tomar la iniciativa de convocar reuniones e implicarse para auxiliar a los afectados, y mantener informados a los afectados de sus acciones.

Por su parte, el portavoz de Sanidad del grupo, Daniel Geffner, considera que Sanidad debería indicar si el departamento de salud pública ha de realizar analíticas a los pacientes de esas clínicas. 

Por otra parte, la Fiscalía de Valencia, a través de la sección de derechos de los consumidores, ha iniciado diligencias para analizar las consecuencias del cierre de las clínicas iDental por posibles conductas contrarias y en perjuicio de los derechos de los consumidores, según informó el pasado 27 de junio la Unión de Consumidores de Valencia (UCV). 

Esta actuación de la Fiscalía es una respuesta a la solicitud de paralización de los créditos que fue presentada el pasado 14 de junio y en la que se informaba de "los perjuicios económicos y la situación de indefensión en la que se encuentran miles de afectados" que deben "seguir abonando las cuotas de los préstamos que suscribieron para financiar los tratamientos odontológicos y que no van a recibir debido al cierre de las clínicas iDental". 

Esta cuestión fue rechazada por vía penal por considerar la Fiscalía que no existen datos suficientes que muestren que los hechos denunciados son constitutivos de infracción penal.