El Govern balear ha intervenido una quinta residencia desde el inicio de la pandemia, la nueva del Patronato Joan XXIII para discapacitados en Inca, para frenar los contagios de COVID-19, tras detectar que 17 de sus 19 residentes han dado positivo (89 %), así como cuatro de sus 23 trabajadores (17,3 %).

La Conselleria de Salud y Consumo, de acuerdo con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), ha ordenado este lunes la intervención para frenar los contagios y garantizar la adecuada atención a los usuarios, ha informado el departamento autonómico en un comunicado, en el que destaca que todos los casos son asintomáticos.

El centro se cribó el pasado viernes, día 2, después de que un trabajador diera positivo en la prueba PCR para detectar el SARS-CoV-2 y como parte de las labores de vigilancia coordinada entre el Govern y el Consell de Mallorca de la evolución de la pandemia en las residencias.

Este domingo se supo que 17 de los 19 usuarios estaban infectados por el virus, así como otros tres trabajadores (con lo que son cuatro en total). Los dos usuarios que de momento han dado negativo están considerados contactos estrechos y estarán aislados durante 10 días.

Con estos datos, de los 471 usuarios de residencias para discapacitados de Baleares, este lunes hay 18 que son positivos en COVID-19 (17 de la nueva residencia y uno de Can Raspalls, quien se encuentra hospitalizado). En cuanto a los profesionales, hay 10 positivos activos.

La residencia Joan XXIII de Inca, por su perfil social, solo cuenta con un único profesional sanitario y la Conselleria de Salud considera necesario "mucho apoyo para poder organizar los procedimientos y circuitos para atender a los residentes con COVID-19".

Además, dado que se trata de personas con discapacidad intelectual que, por sus características, están mejor en su entorno, siempre y cuando no tengan ningún síntoma y estén bien de salud, la Subdirección de Atención a la Cronicidad solicitó ayer la intervención.

El objetivo es organizar todos los procesos sanitarios dentro de la residencia para prevenir la expansión del SARS-CoV-2 y asegurar una vigilancia activa eficaz de los pacientes, además de prestar apoyo sanitario mientras haya personas infectadas de COVID-19 o con sospecha que sean vulnerables.

La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha ordenado la intervención del centro durante 20 días y ha designado a una coordinadora sanitaria para controlar y dirigir la actividad asistencial sanitaria del centro, dirigiendo al equipo de personal de la residencia y al que pueda asignar el Ib-Salut.

Este lunes se cumplen ocho días desde que el Govern intervino la residencia privada para personas mayores Sèniors Inca. Anteriormente, ya había intervenido otras tres residencias, todas para personas mayores: Bell Entorn, Oasis y DomusVi Palma.

Seniors Inca y Bell Entorn de Sóller se han intervenido en esta segunda oleada de la pandemia y las otras dos en la anterior.