El nuevo borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) ha abierto este jueves a la presentación de alegaciones eleva del 20 al 23 por ciento el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990 de aquí a 2030.

Tras la declaración de la emergencia climática y ambiental de España por el Consejo de Ministros de este martes, el Gobierno ha abierto ahora hasta el 25 de marzo el plazo para presentar alegaciones y observaciones al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para, a continuación, una vez incorporadas las sugerencias que estime, enviarlo a la Comisión Europea.

Según el borrador, en 2030 el Gobierno se compromete a alcanzar un 42 por ciento de energías renovables sobre el consumo total de energía final y un 39,5 por ciento de mejora de la eficiencia energética, al tiempo que el 74 por ciento, casi un tercio de la generación eléctrica procederá de energías renovables.

La propuesta de 2030 busca ser un paso intermedio en un horizonte de medio plazo, ya que en 2050 el objetivo es llegar a la neutralidad climática, con al menos una reducción bruta de GEI del 90 por ciento y lograr un sistema eléctrico cien por cien renovable.

Así, para alcanzar la reducción del 23 por ciento de las emisiones GEI respecto a 1990 es necesario pasar de los 340,2 millones de toneladas de CO2 equivalente del año 2017 hasta los 221,8 millones de toneladas de CO2 equivalente en 2030. Es decir, será necesario entre 2021 y 2030 retirar una de cada tres toneladas de CO2.

El Miterd destaca que en un resumen del plan que el objetivo supone un esfuerzo de mitigación de emisiones "muy superior" al objetivo actual de la Unión Europea del 40 por ciento en 2030 y está "plenamente alineado" con la horquilla del 50 al 55 por ciento que busca la UE.

Además, de acuerdo con el borrador, de este 40 por ciento los sectores difusos contribuirán a cumplir los objetivos del Acuerdo del Clima de París con un 39 por ciento de reducción de emisiones en 2030 respecto a los niveles de 2005 mientras que los sectores que sí están sujetos a los derechos de emisión reducirán un 61 por ciento sus emisiones.

Por sectores, los que más deberán reducir sus emisiones en la próxima década son los de generación eléctrica (36 millones de toneladas de CO2 equivalente; movilidad y transporte (27 millones de toneladas de CO2 equivalente), seguidos por el sector residencial, comercial e institucional, que reducirán 10 millones y la industria, otros 7 millones de toneladas de CO2 equivalente.

Para cumplir su plan, el Gobierno ha definido tres vías estratégicas, que pasan por un aumento de la eficiencia energética, la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables y por la electrificación de la economía.

Por otro lado, la planificación del departamento que dirige la Vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, requerirá de unas inversiones totales de 241.000 millones de euros (unos 6.000 más que en el primer borrador), de los que el 80 por ciento corresponderán al sector privado y un 20 por ciento a las administraciones públicas, tanto españolas como europeas.

De estos, 150.000 millones de euros --sobre todo del sector privado-- corresponderán a las inversiones del sector eléctrico para acometer inversiones en tecnologías renovables y en la ampliación y modernización de redes de transporte y distribución.

Además, prevé que este plan supondrá un aumento del PIB del 1,8 por ciento de aquí a 2030 y un impacto laboral de entre 253.000 a 348.000 empleos netos, es decir un 1,7 por ciento más.

En otros términos, el Gobierno asegura que el PNIEC atiende de forma "especial" a la pobreza energética y que favorecerá en mayor medida a los hogares de menor renta y, especialmente a los colectivos vulnerables, al tiempo que confía en evitar unas 2.400 muertes prematuras de aquí a 2030 por la mejora que el conjunto del plan supondrá en la calidad del aire.