El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha asegurado que prevé tener un acuerdo con las ONG de acción social y con las comunidades autónomas en el primer trimestre de 2021 para implementar "sin demora" una mejora en el modelo de financiación del Tercer Sector.

"La Secretaría de Estado de Derechos Sociales ha convocado una primera reunión de trabajo con el Consejo Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de acción social que se va a celebrar la semana que viene y también los abordaremos en el seno del Consejo Territorial, con el fin de que en el primer trimestre de 2021 podamos tener ya un acuerdo que pueda implementarse sin más demora", ha anunciado Iglesias.

Así lo ha adelantado el vicepresidente segundo del Gobierno este jueves 19 de noviembre en el Pleno del Congreso, durante el debate sobre la convalidación del Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal, a través del cual el Gobierno reparte entre 300 entidades los 26,4 millones de euros recaudados del 0,7% del Impuesto de Sociedades.

Este Real Decreto, según ha precisado Iglesias, es una "solución excepcional" en medio de la pandemia de la Covid-19, la cual ha provocado que las ONG hayan tenido que hacer un rápido despliegue de medios y recursos para atender las necesidades de los más vulnerables.

Por ello, el primer objetivo de este Real Decreto-ley, tal y como indica el texto, es "abordar con rapidez la necesidad de liquidez inmediata de las entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal que llevan años colaborando con distintas administraciones", a través de la concesión directa de subvenciones.

Si bien, Pablo Iglesias ha indicado que "no cabe duda de que la financiación del Tercer Sector necesita una revisión en profundidad" y por ello, ha apostado por llegar a un acuerdo mediante el "diálogo" con las propias ONG y con las CCAA.

En concreto, el Ministerio de Derechos Sociales se marca tres objetivos: alcanzar un consenso sobre qué parte de los fondos totales se distribuirán por el Estado y por las CCAA, "asegurando el respeto al reparto competencial"; garantizar "una mayor estabilidad en la financiación del Tercer Sector que pueda asegurar la continuidad de las entidades"; y "mejorar la transparencia sobre el destino de los fondos que los contribuyentes destinan", así como "la rendición de cuentas de las entidades".