El Gobierno aprueba este martes el decreto de reparto, a través de subvenciones, de la recaudación de la casilla de fines sociales de la Renta y del impuesto de sociedades, que en 2021 supone 331,7 millones de euros, para garantizar a las entidades sociales la financiación de sus proyectos.

Entre los nuevos requisitos para conceder las subvenciones se tendrá en cuenta que las entidades sociales faciliten empleo a víctimas de violencia de género y a otras personas en situación de vulnerabilidad social, como las que perciban el ingreso mínimo vital.

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha trasladado al Consejo de Ministros un nuevo decreto que unifica en una convocatoria la distribución del tramo estatal de esos fondos y que fija las bases de la concesión de subvenciones a las entidades de acción social.

De esta forma, a propuesta del departamento que dirige Ione Belarra, da rango legislativo al acuerdo alcanzado con el Tercer Sector el pasado 1 de julio para mejorar la estabilidad de la financiación de las entidades, que establece una única convocatoria anual de subvenciones que canaliza la suma de los fondos de ambos impuestos que le corresponden a la Administración para destinar a actividades de interés social.

El decreto que aprueba el Gobierno incorpora también lo acordado entre comunidades autónomas y Ejecutivo en el Consejo Territorial del pasado 18 de junio para distribuir los fondos del 0,7 %, y establece las bases reguladoras que serán válidas para los próximos 5 años.

Los fondos procedentes de la última recaudación ascienden a 331,7 millones de euros, un 7 % más que en 2020.

De ellos, 260,8 millones se transfieren a las comunidades para que los distribuyan en sus convocatorias de financiación al Tercer Sector de Acción Social, mientras que los 70,9 millones restantes -un 3,5 % más que en 2020- se reparten mediante una convocatoria para entidades y proyectos de carácter estatal.

El decreto consolida el modelo con dos tramos (uno estatal que gestionará el 20 % de los fondos y otro autonómico que pasará progresivamente a gestionar el 80 %) aplicando desde este año a los fondos procedentes tanto del IRPF, como del impuesto de sociedades.

Incorpora los requisitos para acceder a la condición de entidad beneficiaria para asegurar la eficiencia de esas subvenciones y para garantizar que cuentan con la capacidad demostrada para gestionar de forma ágil y eficiente los recursos que a ellas se confían para la realización de actividades de interés general.

Para la concesión de subvenciones se tendrán en cuenta criterios como la oportunidad del programa a desarrollar o el impacto positivo para el empleo en el Tercer Sector de Acción Social y en colectivos en situación de vulnerabilidad, así como que se implique a la sociedad a través del voluntariado, entre otros.