El Gobierno ha dejado fuera del decreto-ley de medidas urgentes sobre vivienda aprobado hoy el que las administraciones puedan fijar precios máximos para el alquiler, pero estudiará su inclusión en esta u otra norma a lo largo de 2019, plazo que acordó con Unidos Podemos.

Fuentes de Fomento han explicado que esa fijación de precios máximos en los distritos urbanos más afectados por la escalada de precios requiere de un estudio más detallado, que incluya contar con más datos y estadísticas, así como más tiempo para la redacción de la norma.

Podría incorporarse al decreto-ley en la fase de enmiendas parlamentarias si el texto supera la votación de admisión por el Congreso y en la segunda votación, como es previsible, la mayoría decide tramitarlo como proyecto de ley.

Otra posibilidad es que la fijación de precios se incluya en otra norma, como podría ser la ley estatal de vivienda que el Gobierno tiene también intención de elevar al Parlamento el año que viene.

Con cualquiera de esas opciones se cumpliría con el acuerdo firmado entre Gobierno y Unidos Podemos, ya que se especificaba para ese punto en concreto que se haría "a lo largo de 2019".

Por ello, fuentes de Fomento indican que tienen de plazo un año entero para que la regulación de precios de forma directa entre en el ordenamiento jurídico, sin incluir su pacto parlamentario.

Asimismo, recuerdan que si fue incluida esa referencia temporal en el acuerdo con Unidos Podemos firmado hace dos meses fue precisamente porque necesitaban más tiempo para desarrollar la medida.