El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha destacado la reducción este año en un 8 % de las lista de espera en la valoración de la dependencia y que 60.000 personas más tienen concedidas prestaciones dentro del sistema.

Álvarez ha expuesto este martes ante la Comisión de Discapacidad y Políticas Integrales de la Discapacidad la prioridad que da su departamento en los presupuestos para 2022 al sistema de la dependencia, como muestra que, de los 3.500 millones que gestiona su secretaria de Estado -un 21 % más que el año anterior-, 3.000 millones de euros se transfieren al Imserso para la atención de la dependencia.

"Se ha duplicado la financiación del Estado a la atención de la dependencia", ha destacado Álvarez en su comparecencia en la comisión parlamentaria para detallar las cuentas de su departamento, y ha recordado que vienen acompañadas de los fondos europeos -un total de 3.500 millones de euros, 1.000 millones al año- para el cambio del sistema de cuidados y la modernización de los servicios sociales.

Según el responsable de Derechos Sociales, los 600 millones de euros dedicados este año al plan de choque de la dependencia ya han dado algunos frutos, como la reducción en un 8 % de la lista de espera para la valoración del grado de dependencia y el aumento en un 6 % de las prestaciones, entre enero y septiembre de 2021.

No obstante, Álvarez ha explicado que el Gobierno y las comunidades autónomas van a evaluar los efectos de ese plan de choque y de las medidas sociales acordadas, en una reunión este miércoles del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Atención a la Dependencia.

También se debate el desarrollo de una ley marco de los servicios sociales, porque -ha lamentado- "tenemos un único sistema de salud, pero 17 sistemas de servicios sociales en España". Una ley, que según Álvarez, es un acuerdo de la coalición de Gobierno, pero que se ha encontrado "con la posición crítica" de algunas comunidades.

Las críticas al presupuesto de Derechos Sociales han sido trasladadas por las parlamentarias de PP y Vox.

En una tensa intervención, la diputada popular Alicia García ha reclamado la dimisión de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, por la gestión de "un ministerio gallinero", un calificativo que el presidente de la comisión ha pedido que se retirara del acta, tras lo cual la diputada ha formulado una queja al estimar que atenta a su libertad de expresión.

Por su parte, la diputada de Vox María de los Reyes Romero ha calificado las cuentas del Gobierno de "presupuestos de engañabobos" en una "España agobiada" de problemas sociales.

Ante esas intervenciones, la parlamentaria socialista Sonia Guerra ha reprochado a sus compañeras "que alimenten el virus del odio en una comisión que debería tener en el centro a los ciudadanos vulnerables".

Por su parte, el secretario de Estado de Agenda 2030, Enrique Santiago, ha dado cuenta del presupuesto de su departamento, que asciende a 23 millones de euros, "de los que quitando los gastos de personal, se quedan en 21,5 millones de euros, la misma cantidad de 2021".

De ellos, "10 millones se destinarán a la sociedad civil y 10,6 para el trabajo de localización de la Agenda 2030, que se desarrollará a través de las entidades locales" para desarrollar proyectos para hacer realidad los objetivos de desarrollo sostenible.