El Gobierno está llevando a cabo entrevistas a 23 menores marroquíes no acompañados que se encuentran acogidos o tutelados por la Comunidad de Madrid, con el objetivo de proceder a su identificación y "eventual" inicio del correspondiente procedimiento de repatriación al país alauí.

Así consta en una comunicación fechada el pasado 16 de abril por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, dependiente del Ministerio del Interior, remitida a la Dirección General de la Familia y el menor de la Comunidad de Madrid, ya que la atención y acogida de los menores que migran solos a España es competencia de las comunidades autónomas.

En la comunicación, a la que ha accedido Europa Press, la Comisaría de Extranjería y Fronteras sostiene que estas actuaciones se llevan a cabo en virtud del acuerdo entre España y Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, que data del 6 de marzo de 2007, si bien entró en vigor en 2013, aunque por lo general no se aplica.

En esta notificación, Interior informa de que los días 22, 23 y 24 de abril está prevista la presencia de una delegación marroquí, con autorización del Ministerio Fiscal, al objeto de realizar "una serie de entrevistas a 23 menores marroquíes" que están en diferentes centros de protección de la Comunidad de Madrid. Dichas entrevistas se están llevando a cabo por la mañana en la Fiscalía de Menores de la Audiencia Provincial de Madrid.

En este contexto, desde Extranjería se solicita a este órgano autonómico que "lleve a cabo los trámites necesarios para el traslado y custodia" a dicha sede, así como al reingreso en el centro de acogida de los 23 menores escogidos para iniciar los procedimientos.

Fuentes del Ministerio del Interior han precisado a Europa Press que la entrevista tiene "únicamente" el objeto de la identificar a los menores, y se realiza "desde el pleno respeto del menor y respetando su interés superior. Eso sí, estas mismas fuentes han incidido en que el proceso de identificación los lleva la Fiscalía de Menores, que es el organismo que evaluará "uno a uno" cada caso y se hará de manera "totalmente garantista".

REACTIVACIÓN DE UN ACUERDO BILATERAL

De acuerdo a la notificación remitida, en cada entrevista estará presente la delegación alauita, el menor, el educador, un fiscal de Menores y un intérprete. A los educadores les emplaza a aportar "originales y copias de toda la documentación de los menores".

En reiteradas ocasiones, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaka, ha afirmado que la intención del Gobierno español y el marroquí proceder a la devolución al país alauí de los menores extranjeros no acompañados (MENA) que llegan a España "siempre en términos de seguridad" para ellos.

Según el acuerdo firmado entre España y Marruecos, la decisión del retorno del menor a su país de origen debe hacerse "con observancia estricta de la legislación española, las normas y principios del derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño".

España y Marruecos se comprometen a colaborar para garantizar en cada caso "las condiciones de la reunificación familiar efectiva del menor o su entrega a cargo de una institución de tutela", entre otras condiciones.

Desde la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, han avanzado a Europa Press que van a impugnar esta decisión ante la Fiscalía para que "se paralicen estas deportaciones indistintamente del citado acuerdo que no había sido activado previamente".

Esta entidad, ha denunciado que las entrevistas se están celebrando "sin suficientes garantías", al tiempo que han ofrecido a las ONG que están en el sistema de protección a la infancia "un sistema para hacer viable que tengan la mejor ayuda jurídica y elegida por los propios menores".

En declaraciones a Europa Press, el director general de la Red, Rafael Escudero, ha expresado su "sorpresa" ante esta decisión del Gobierno socialistas de Pedro Sánchez a muy pocos días de la convocatoria electoral. En este sentido, le ha acusado de estar asumiendo posturas "impropias de un gobierno progresista" y "que parecen calcadas del programa de VOX".