La Fiscalía de Baleares sostiene que el Govern carece de competencias para prolongar la vigencia del toque de queda una vez decaiga el estado de alarma el próximo domingo y considera también que no puede limitar el número de personas que se reúnen en domicilios privados.

El fiscal jefe, Bartomeu Barceló, ha informado en este sentido al Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB), al que el Govern había solicitado autorización para extender las medidas restrictivas de prevención de la covid-19 amparadas en el estado de alarma que aprobó hasta el 9 de mayo el Congreso.

El TSJIB tiene tres días para responder a la petición del Govern, que alude a restricciones que afectan a libertades fundamentales como los derechos de movimiento y reunión.

Barceló ha explicado a EFE que mantener la prohibición generalizada de circulación, salvo causa justificada, entre las 23 y las 6 horas, como pretende el Govern, solo puede hacerse al amparo de una figura de excepcionalidad como el estado de alarma.

De hecho, ha subrayado el fiscal jefe, carecería de sentido que el Gobierno, con el aval del Congreso, hubiese decretado para ello el estado de alarma y ahora las comunidades autónomas pudieran mantener la medida una vez ha decaído el estado de alarma.

Considera Barceló que el ejecutivo autonómico tampoco tiene competencias para limitar las reuniones en los domicilios particulares.

El Govern plantea mantener desde el próximo lunes la actual restricción en las reuniones en viviendas, donde se permiten seis personas de un máximo de dos núcleos de convivencia.

La Fiscalía sí cree ajustadas a derecho otras restricciones que proyecta el Govern, como las referidas a la limitación de encuentros sociales en bares y restaurantes y a los horarios y aforos de los comercios.

La determinación de los horarios y los aforos tanto en establecimientos de restauración como en tiendas es una competencia de la administración autonómica, ha explicado.

Asimismo, avala que el ejecutivo regional limite la afluencia en los lugares de culto, que quedará en el 50 % del aforo normal.

La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares responderá antes del viernes a la solicitud del Govern.