Pide atención especializada a la violencia doméstica, especialmente preocupada por menores y ancianos víctimas

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha avisado de que existe "cierta inseguridad jurídica" para las víctimas de violencia de género que hace "difícilmente compatible" el impulso de las denuncias a través de campañas de sensibilización. Esta inseguridad jurídica, según la institución, se debe a las "diferencias de criterios" que existen a la hora de ofrecer una respuesta judicial.

El Ministerio Público hace esta advertencia en su memoria anual de 2018, que ha sido presentada este lunes. Para la institución, es "preocupante" que de las 49 mujeres asesinadas por violencia de género en 2018, solo 16 habían denunciado.

Esto supone que el 32,65% de las asesinadas acudieron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a denunciar su situación de maltrata, frente al 20,75% del año 2017. "Este incremento genera la frustrante sensación de que, a pesar de la mayor confianza de las víctimas en la respuesta judicial, no se ha sido capaz de ofrecer la protección adecuada para garantizar su seguridad", recalca al respecto.

De los 16 casos que fueron denunciados en 2018, en seis de ellos existían medidas de alejamiento vigentes. Tras el estudio de éstos, la Fiscalía ha constatado que en ninguno se había establecido el control de las medidas por medios telemáticos, ni siquiera cuando existían quebrantamientos o la valoración policial del riesgo era alta.

Asimismo, ve "necesario" mejorar los tiempos de respuesta ante los supuestos de quebrantamiento de las medidas de protección de la víctima, incluso sin la oposición de la misma. "Una vez más, se debe insistir en que este tipo de incumplimientos supone un factor de riesgo relevante que permite valorar la adopción de medidas cautelares como la prisión preventiva", sostiene.

DIFERENCIAS "SIGNIFICATIVAS" EN MEDIDAS CAUTELARES

No obstante, en términos generales, la Fiscalía destaca el incremento de medidas cautelares solicitadas y concedidas, en comparación con los datos del año 2017. Eso sí, subraya las "diferencias significativas" que este aspecto existe entre comunidades autónomas e, incluso, partidos judiciales de un mismo territorio.

Para la Fiscalía, estas "diferencias de criterios" que existen a la hora de ofrecer una respuesta judicial a las denunciantes de este tipo de violencia generan "una cierta inseguridad jurídica que es difícilmente compatible con las campañas de incentivación a la denuncia que se promueven desde todos los sectores sociales e institucionales implicados".

"Las experiencias mayoritariamente descritas por las distintas Fiscalías apuntan a una insuficiente o deficiente valoración del riesgo de las víctimas, provocado por la escasez de los medios disponibles y su irregular despliegue a lo largo del territorio nacional", precisa además.

Asimismo, la Fiscalía vuelve a reclamar la implantación de Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) en todas las provincias "como medida imprescindible para ofrecer una respuesta coordinada y especializada en los ámbitos penal y civil". "En este ámbito el panorama sigue siendo francamente deficiente", agrega.

Respecto a las Oficinas de Asistencia a la Víctima (OAV), los Fiscales delegados coinciden en hacer una valoración general positiva --asistieron a un total de 22.920 mujeres en 2018, según la memoria anual--. Eso sí, la mayoría de los fiscales destacan "la escasez de los recursos disponibles" en estas oficinas, "con la consiguiente repercusión negativa para la debida protección de la víctima o sus hijos".

Del mismo modo, los fiscales hacen hincapié en el "volumen de trabajo" que se suele acumular en los servicios de guardia de violencia de género, al tiempo de que avisan de que "la limitación de plantillas" impide que sean los fiscales especialistas los que acudan a las comparecencias de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares que se celebran en todos los juzgados.

Este hecho, según señala la Fiscalía, genera "cierta sensación de desaliento" en los fiscales y provoca "una rotación constante en las asignaciones de trabajo, en detrimento de la especialización que se pretende en este ámbito".

La Fiscalía reivindica una mejora de la coordinación entre los órganos judiciales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las instituciones y toda la red asistencial existente en esta materia para mejorar la protección de las víctimas.

En este sentido, también expresa "su preocupación" por la falta de Juzgados de lo Penal especializados, por la falta de equipos técnicos que emitan informes en un plazo razonable, por la carencia de instalaciones adecuadas y recursos suficientes --especialmente en las secciones territoriales--, entre otras cosas.

AUMENTAN LAS ACTUACIONES EN VIOLENCIA DE GÉNERO

Respecto a la actuación del Ministerio Público en esta materia, en 2018 se formularon 51.957 escritos de acusación por los fiscales, lo que supone un 9,68% más que en 2017. Asimismo, durante el pasado ejercicio se asistió a un total de 40.967 juicios orales por delitos relacionados con la violencia de género, lo que supone un 0,5% más que el año anterior.

En el año 2018 se interpusieron 166.961 denuncias por violencia de género, frente a las 166.260 del año 2017. Sin embargo, la Fiscalía afirma que este dato "puede ser engañosamente positivo" por la "renuncia de muchas víctimas a la hora de poner estos hechos en conocimiento" de las autoridades. "No nos cansaremos de reiterar que sólo desde la denuncia se pueden poner en marcha los mecanismos de protección de las víctimas", apostilla la institución.

En este sentido, la Fiscalía señala que "aún se aprecia una cierta falta de implicación" en las personas más cercanas a quienes padecen este tipo de violencia, ya que sólo el 0,46% fueron presentadas por familiares. Asimismo, considera que "existe un escaso porcentaje" de denuncias efectuadas por servicios asistenciales o terceros en general.

Por otro lado, según los datos de la memoria anual, en 2018 se incoaron 14 causas por denuncia falsa. De estas, en un caso se ha dictado sentencia condenatoria y en otro se acordó el sobreseimiento provisional. En cuanto al resto, se encuentran en tramitación, habiéndose formulado acusación en tres asuntos.

Respecto a los menores víctimas de violencia de género, la Fiscalía sostiene que "sigue sin otorgárseles el protagonismo que merecen". "Sigue siendo una asignatura pendiente establecer medidas civiles de protección a los mismos, así como su seguimiento y supervisión", remarca, recordando que en 2018 fueron ochos los menores de edad asesinados para hacer daño a sus madres.

"ATENCIÓN ESPECIALIZADA" A LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

Por otro lado, el Ministerio Público sostiene que debe "abrirse una reflexión" con el fin de "asegurar la atención especializada" al fenómeno de la violencia doméstica (en el ámbito familiar) y que, según precisa la Fiscalía, afecta "singularmente" a los menores o las personas de edad avanzada.

Según el análisis de la Fiscalía, la violencia doméstica se centra en conflictos entre parejas o exparejas, aunque el Ministerio Público matiza que éstos suponen "un porcentaje reducido de procedimientos incoados, probablemente motivado por el elevado número de denuncias cruzadas de las que conocen los Juzgados de Violencia sobre la Mujer".

Asimismo, el maltrato de los hijos hacia los padres y abuelos aparece "con una frecuencia recurrente" en el ámbito de la violencia doméstica. En él, también centran las actuaciones de la Fiscalía los abusos a menores y los delitos cometidos sobre ancianos o discapacitados.