La fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Pilar Martín Nájera, ha denunciado que se ataque la ley contra la violencia de género con la "falacia" de las denuncias falsas, que son un "número limitadísimo" -sólo una de cada 12.000-, y en ningún caso se pueden identificar con sobreseimientos y sentencias absolutorias.

"Los números cantan", ha aseverado este miércoles Martín Nájera ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género del Congreso de los Diputados, en el que ha sido su último acto público como fiscal de Sala Delegada, pues su próximo destino es fiscal de Sala para el orden civil del Tribunal Supremo.

La representante del ministerio público ha destacadoque los procedimientos por denuncia falsa suponen el 0,0069 % del total de denuncias, unos "números limitadísimos".

Tras incidir en que la Fiscalía persigue estas denuncias y es el único órgano que hace un seguimiento y control de las mismas, porque aunque sean escasas suponen un "ataque a la línea de flotación" de la ley contra la violencia de género, Martín Nájera ha precisado que no se hace seguimiento a las denuncias falsas de ningún otro tipo de delito.

Se ha pronunciado así después de que la diputada de Vox Carla Toscano haya acusado a la Fiscalía de no informar ni perseguir todas las denuncias falsas: "La Fiscalía no se guarda ninguna denuncia", ha insistido.

Martín Nájera ha explicado que no pueden identificarse todos los casos de violencia machista que se sobreseen y se cierran con sentencias absolutorias con las denuncias falsas: "No tiene absolutamente nada que ver".

Durante su comparecencia, la fiscal ha detallado que de 168.000 denuncias por violencia de género que se presentaron en 2019, sólo llegan a juicio unas 58.000, el resto se queda en el camino debido fundamentalmente a la dispensa de la víctima de la obligación de declarar contra su agresor y a las consecuencias que este tipo de violencia tiene en las mujeres, que se retiran del proceso en muchas ocasiones.

La fiscal ha vuelto a pedir que se suprima la dispensa (regulada en el artículo 416 de la ley de enjuiciamiento criminal) cuando se es denunciante, porque contribuye a volver a "privatizar" la violencia de género, un delito que es público y cuya lucha debe ser una "cuestión de Estado".

Y ha desmontado asimismo el argumento de que las mujeres denuncian violencia de género para obtener beneficios en el ámbito matrimonial, ya que en el 85 % de los casos ni siquiera se pide modificación de medidas en el ámbito familiar.

Asimismo, ha llamado la atención sobre la violencia latente no denunciada (sólo denuncia un 25 % de las víctimas) y las consecuencias que ésta tiene cuando la mujer decide poner fin mediante el divorcio: por ello, ha abogado por la especialización en género de los juzgados de familia para, entre otras cosas, regular el régimen de custodias. También ha pedido la especialización de los juzgados de lo penal.

También ha pedido una legislación a nivel nacional de los puntos de encuentro familiar -utilizados en el 70 % de los casos para casos de violencia de género- para regular cuál es su función, qué tipo de perfil han de tener sus trabajadores y que se informe a las autoridades judiciales cuando haya incidencias.

Ha vuelto a solicitar el refuerzo de las unidades integrales de valoración forense y de las oficinas de atención a las víctimas, así como que se haga un esfuerzo por mejorar la atención en las zonas rurales, para las que recomienda servicios itinerantes.